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  • «Ha llegado un momento en el que el agua del trasvase ya no es suficiente para todas las plantaciones que hay» – Entrevista con Cristina y María, Murcia

    «Ha llegado un momento en el que el agua del trasvase ya no es suficiente para todas las plantaciones que hay» – Entrevista con Cristina y María, Murcia

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    [Esta es una de las entrevistas que realizamos en el marco del libro colectivo La conquista del espacio, que puedes descargar íntegro en pdf aquí, o ver poco a poco aquí].

    Cristina: Vivimos en un entorno urbano, pero la ciudad de Murcia está pegada a su huerta, que es un entorno más rural que está siendo absorbido por la ciudad.

    María: Soy de un pueblo de la Huerta, entre los motivos para venir a vivir a Murcia están que en mi pueblo no hay servicios, ni hay vivienda de alquiler. Para vivir en mi pueblo tienes que comprarte un piso o una casa. No hay vivienda de alquiler.

    Cristina: Yo vivía en Madrid, vine a Murcia porque pensaba que me iban a llamar de las listas de interinos de educación, aunque luego tardaron un año y algo en llamarme. Las dos vivimos en Murcia, pero ninguna trabaja en la ciudad de forma permanente. Yo soy itinerante, este año estoy trabajando en una pedanía de Murcia, que es una zona rural de dentro de Murcia. Desde mi instituto en media hora andando puedes llegar al centro.

    María: Trabajo en mi pueblo, cada día vuelvo a mi pueblo, que está a seis kilómetros y medio de mi casa, en un entorno rural. Aquí la línea entre lo rural y la ciudad es muy difusa, porque la ciudad ha crecido tanto que se ha ido comiendo la huerta y las pedanías rurales. La gente que vive aquí se sigue considerando de pueblo o barrio, pero han perdido su entorno rural, al construirse en la huerta. De modo que está gente vive como en una especie de barrio, a medio camino entre la ciudad y el pueblo. Pero siguen siendo de pueblo, porque todavía no han pasado los años suficientes como para que se pierda la identidad. Se han hecho macro avenidas que unen pueblos como Puente Tocinos con la ciudad y se llevó por delante muchísima huerta, de modo que tienes a un lado de la avenida un pabellón de deportes, un Carrefour y muchísimas rotondas a cada cual más horripilante. Es decir, al ir por la avenida a la derecha está Murcia y a la izquierda hay una serie de pueblos y barrios.

    María: Aquí el transporte público solo existe hacia el centro de la ciudad. Es impensable ir a una pedanía en transporte público, si no quieres invertir más de dos horas en desplazarte. Es decir, todas las actividades que se hagan en el centro de la ciudad se pueden hacer en transporte público: taxi, tranvía, autobús, o puedes ir andando. De hecho, es muy curioso que para el transporte público siempre existe la opción de andar. Pero en esta ciudad no hay alternativa para los desplazamientos que hay que hacer en coche. Ni siquiera puedes combinar el caminar un rato y luego coger un autobús, si no quieres invertir más de hora y media en desplazarte distancias de más de seis o siete kilómetros.

    El problema de Murcia sigue siendo que hay una dependencia total hacía el centro, en ese sentido sigue siendo una ciudad tan de provincias que muchos servicios públicos, mucho ocio está tan al centro de la ciudad que al final todos vamos al centro de la ciudad, y el transporte solo existe hacía el centro de la ciudad.

    Cristina: Desde mi punto de vista, que vine directamente desde Madrid a Murcia, los murcianos cogen el coche para todo, la cultura del coche es total y se va en coche a absolutamente a todas partes. Pocas son las personas que van a un sitio andando y el uso del transporte público es algo residual. Yo sí que voy andando al centro, porque me gusta andar y también existe un servicio de bicicletas públicas que cuesta cuarenta y seis euros al año. Pero muchas veces las bicis no funcionan o no funciona la estación, en muchas zonas tampoco hay estaciones, solo existen en el centro de la ciudad, en Murcia ciudad. No puedo ir ni al polideportivo en bicicleta.

    Yo que venía acostumbrada al metro, la gente se echaba las manos a la cabeza cuando ponía que iba a tardar siete minutos, aquí no sabes cuándo va a llegar. En teoría tiene que llegar a una hora, pero puede llegar un cuarto de hora más tarde, o cinco minutos antes. Y no sabes cuándo va a llegar, tú estás en la parada esperando a ver si va a pasar el autobús. A partir de las nueve de la noche hay muchos menos autobuses y en general está muy mal organizado. Por ejemplo, yo vivo en una de las arterias de la ciudad, en una de las zonas en expansión, con familias jóvenes y niños. Pero si yo quiero ir a la estación de tren que está en coche a diez minutos, una cosa que tuve que hacer hace unos años, cuando trabajaba en Lorca e iba en tren, era ir en bicicleta a la estación. Porque la combinación de horarios que tenía con el autobús era una locura, y eso contando con que el autobús pasase a su hora.

    Todo lo que no sea el transporte público hacía el centro es caos y no te lo puedes plantear para el día a día. En Murcia la gente está deseando cumplir dieciocho años para sacarse el carnet. Ahora al menos el acceso a la universidad es algo mejor con el tranvía, que se construyó para la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, y ya de paso llegaba a la pública también.

    María: De mi pueblo a Murcia hay solo una línea de autobús, la misma que hace treinta y nueve años, probablemente la misma que hace cuarenta y cinco años, y continúa con la misma frecuencia. De modo que en mi pueblo nadie va en autobús a la ciudad, a no ser que seas estudiante, no tengas prisa o estés jubilado. El resto no se lo puede plantear.

    Cristina: No solo entre pedanías, incluso en los autobuses que van hacía el centro los fines de semana las frecuencias de paso son de una hora, eso teniendo en cuenta que vivimos en una de las principales arterias de la ciudad y el tranvía tampoco te deja en el centro. A la compra, el médico y demás vamos en coche.

    María: Paso al día dos horas en el coche, para ir al trabajo, ir al gimnasio, comprar algo… Odio conducir, pero me paso la vida en el coche. A mí me ayudaría mucho no tener un horario partido de trabajo. Porque como en el trabajo sola o porque me voy a casa de mis padres. Porque si tuviera que hacerme todos los trayectos trabajo-casa del día me pasaría más de dos horas en coche. Por la mañana por el tráfico ya son más de veinticinco minutos, en el mismo trabajo tengo que usar el coche, al mediodía ida y vuelta para comer y por la tarde otro tanto.

    Cristina: No conocemos a nadie aquí en Murcia que vaya al trabajo en transporte público, es andando o en coche. Yo intento ir andando o en bici a los sitios, aunque yendo y viniendo al trabajo son veinte minutos de coche diarios, para el resto intento no sacarlo, pero muchas veces también vamos las dos juntas.

    Cristina: Respecto al médico, como no hay suficientes centros de salud, a mí me toca un centro de salud que no está en Murcia, sino que está en un barrio al que tengo que ir en coche.

    María: En mi caso tengo alrededor a toda la gente cercana a mí, se mueve muy poco. De mis amigos de alquiler solo vivimos tres y aquí los alquileres duran muchos, nosotras llevamos seis años en el mismo sitio. No existe tanta movilidad, el mercado de alquiler no es muy grande.

    Cristina: Aunque la gente con menos posibilidades económicas si que cambia más, pero todo dentro de Murcia.

    María: Sobre el comercio, hay poco en los alrededores. Dado el tiempo que llevamos aquí, sí que conocemos a los comerciantes, pero son pocos.

    Cristina: Yo echo en falta que en mi zona no hay casi ningún sitio para comprar que no sea un supermercado. Hay carnicería y pescadería, pero cada una en un sitio. Los mercados están en el centro y tampoco hay tantos.

    María: Respecto a nuestros vecinos de bloque, conocemos a algunos de saludar, pero no tenemos una relación cercana como en mi pueblo. Mis padres tienen una relación muy cercana con todos sus vecinos.

    Cristina: Por ejemplo no conocemos a la pareja joven que se acaba de mudar enfrente. Ni tenemos ninguna relación. Tampoco tenemos mucho trato con los otros vecinos, no sabemos ni cómo se llama la gente que más conocemos.

    Vivimos en una zona nueva, con muchas plazas, pero sin árboles. La avenida tiene la única línea del tranvía que hay y luego tiene tres carriles de coches en cada sentido. En la acera no hay árboles que den sombra, es totalmente hostil. A partir de mayo y junio andar por ahí es terrible, al no haber sombra, de modo que la gente siempre coge el coche. Los meses de calor los niños al parque solo pueden salir o muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche. En las horas centrales, al no haber nada de sombra, es arriesgado llevar el niño al parque, literalmente se puede quemar.

    En cambio, en los barrios del centro, de toda la vida de Murcia, si se tiene en cuenta el clima y hay muchos árboles grandes, las aceras están cubiertas de sombraje, hay pequeños jardines en cada esquina, fuentes, bancos. Pero está solo limitado a los cuatro barrios de toda la vida del centro, que tienen un urbanismo de hace sesenta o setenta años. En los nuevos barrios el urbanismo ha cambiado.

    El centro de Murcia está dividido por una gran avenida, Gran Vía, que se construyó en los sesenta cargándose muchísimo patrimonio (por ejemplo, unos baños árabes que se hormigonaron para hacer un Corte Inglés). Pero alrededor de esa gran avenida recta hay calles abigarradas de aceras muy estrechas, de mucho tránsito, que no están peatonalizadas. Hay veces que parece que los SUVs no van a poder girar.

    María: En Murcia hay unos lobbies empresariales que han creado unos macro centros comerciales a las afueras de la ciudad que por ejemplo han copado todo el tema del cine. Si quieres ir al cine tienes solo dos opciones. Hay muy poca oferta en el centro de la ciudad, porque el 90% se lo han llevado estos lobbies a los centros comerciales, que están afuera en un desarrollo urbanístico que está investigado penalmente. Hay mucho espacio público, terrenos públicos, que se urbanizaron, según la investigación penal, a petición y a cambio de ciertas prebendas para unos grupos constructores muy grandes para que se hicieran ahí los desarrollos empresariales. Estos eran terrenos que no estaban dentro del plan general de ordenación urbana y se recalificaron como terrenos urbanos y se han cedido a estos centros comerciales. Todo esto sucedió en los años previos a la crisis del 2008, en torno al 2006. En esta zona no vive nadie. El ocio de Murcia ha pasado a estar en estos centros comerciales. Todo es ocio de familia y adolescentes.

    Cristina: En el centro de Murcia el ocio es sobre todo de bares. Pero sí que hay que mencionar que al centro sí que llega el cine independiente y con doblaje, algo que no sucede en otras provincias, en ese sentido está bien. Pero a estos cines del centro no les queda mucho futuro y el centro de Murcia se puede quedar sin oferta de cine.

    María: Se ha cedido también mucho espacio público al estadio de fútbol. Antes el estadio de fútbol estaba en el centro de la ciudad, la Condomina. Pero en vez de reformarlo o rehabilitarlo, hicieron un nuevo estadio muy grande en la nueva zona de desarrollo urbanístico junto a los centros comerciales. De modo que ahora la gente que quiere ir al fútbol tiene que desplazarse allí en coche. ¡Se montan tremendos atascos espectaculares cuando hay partido! Trasladaron el estadio sin pensar en un transporte público acorde a la magnitud de un partido.

    Cristina: En teoría hasta ahí llega el tranvía, pero no es suficiente y además la gente no coge el tranvía, porque solo tiene una línea.

    María: Por desgracia para nosotros yo creo que la ciudad se seguirá comiendo su huerta, se van a producir más entubamientos de acequias y más urbanizaciones en espacios naturales y creo que eso no va a cambiar. A no ser que se tomen una serie de medidas… pero eso no va a ocurrir, eso no va a cambiar. Ahora se acaba de entubar una de las acequias más grandes.

    Cristina: Yo el sentimiento que tengo, como persona que es de esta comunidad, pero no es de esta ciudad, es que en la región hay muy poco interés del ciudadano por lo público.

    María: El interés surge cuando viene la catástrofe, como en el caso del Mar Menor o las vías del tren.

    Cristina: Pero mientras, a todo el mundo le parecía bien que se siguieran haciendo cultivos cerca del Mar Menor, porque trae riqueza. Ahora la gente se echa las manos a la cabeza, pero tampoco va a pasar nada. Murcia es uno de los sitios con mayor contaminación del aire, por todo el tráfico rodado. Pero a la gente le da igual que no haya transporte público, o que se tiren casas que son patrimonio. La gente aquí es muy individualista, no hay espíritu de comunidad.

    María: Con el Mar Menor sí que hay cierta conciencia, pero nadie va más allá de la crítica de sofá, por decirlo de alguna manera. Se habla de los políticos en genérico, como una nebulosa, sin tener en cuenta que lleva gobernando un mismo partido los últimos cuarenta años.

    Cristina: Hay enfado generalizado, sin enfocarlo en nada. Las próximas elecciones no solo seguirá gobernando el mismo partido, sino que aumentará sus votos Vox.

    María: Puedo contar lo que sé yo desde mi conocimiento por conocer un poco la zona y porque sé algo de agricultura, y porque llevo toda la vida viéndolo. La ciudad de Murcia está en un valle entre montañas y a partir de estas montañas y hasta el mar todo es cuesta abajo. Es decir, desde las montañas todo rueda hacía abajo hacía el Mar Menor. Por eso en Murcia se alcanzan temperaturas tan altas, porque es como una olla. Todo ese suelo que está entre las montañas y el mar es un acuífero con grandes bolsas de agua salobre, porque se comunican con el mar. Toda esta zona era de secano absoluto, totalmente abandonada. Con la llegada del trasvase, empieza a llegar agua dulce del Tajo y se empieza a plantar una agricultura de regadío. Los agricultores intentaron maximizar el agua dulce que llegaba y se inventaron unos sistemas de regadío muy sofisticados, donde se calcula al milímetro el agua que necesita cada lechuga para crecer. Todo esto generó una riqueza que la región de Murcia nunca había conocido.

    Esto no tiene nada que ver con la huerta de toda la vida de Murcia, donde se tienen minifundios, con parcelas que no superan los mil metros cuadrados, donde nunca ha habido grandes empresas, que nace al amparo del Segura. Aquí estamos hablando del campo de Cartagena, que es una extensión de terreno enorme, llano y sin accidentes naturales, con unos accesos buenísimos para el transporte de tráileres. Aquí por el clima se pueden hacer cuatro cosechas al año, de modo que es muy productivo. Por parte de las instituciones lo que se ha hecho es dar carta blanca a los agricultores. Pero ha llegado un momento en el que el agua del trasvase ya no es suficiente para todas las plantaciones que hay. Así que los agricultores, de una forma totalmente ilegal, y de gran tradición en esta tierra, empezaron a hacer pozos y a sacar el agua salobre de los acuíferos. Esta agua salobre después la desalinizan, con pequeñas plantas desalinizadoras ilegales que hay en los campos. Hay miles y miles de pozos ilegales. Los campos están llenos de contenedores de barco y dentro de estos contenedores están los grupos electrógenos que hacen funcionar las bombas. Cuando se desaliniza el agua hay una gran parte de agua que hay que tirar, que es muy muy salobre, y se tira a las ramblas. Después llega al Mar Menor.

    Además, en los últimos cinco años se han producido fenómenos naturales que han agravado el problema. En el 2019 se produjo una DANA que arrastró tanta tierra al Mar Menor que lo colmató. Es una laguna con muy poca profundidad y hay zonas colmatadas. Además en estos últimos años ha llovido mucho, se han dado muchas lluvias torrenciales, y el acuífero, es decir, todas las bolsas de agua que están conectadas con el Mar Menor están llenas. El acuífero debajo del campo de Cartagena está lleno. No se puede meter más, no puede tirar nada más. Se ha producido un desequilibrio entre el mar y el acuífero. Están llegando cada vez más fertilizantes al Mar Menor y han generado una explosión de vida. Las algas han medrado en el Mar Menor, se han llevado todo el oxígeno, se producen las bolsas de anoxia y la fauna muere. Es un caldo de cultivo lleno de fertilizantes.

    Cristina: También hay microalgas que se ponen en la superficie del Mar Menor y no dejan que pase el sol y la Posidonia autóctona que había también se muere. Es una estructura ilegal tan generalizada, desde hace tanto tiempo y tan asentada, que nadie de aquí puede hacerse el sorprendido. Aquí todo el mundo miraba para otro lado porque daba mucho dinero.

    María: Aquí no hay esperanza, el problema no es que haya un culpable, hay una situación endémica de mirar para otro lado, hay una corrupción generalizada. La consejería de Medio Ambiente se desmanteló en 2008, porque eran todos falsos autónomos y denunciaron a la administración. De hecho la fiscalía se ha encontrado con tantos problemas a la hora de investigar que publicaron un comunicado diciendo que no podían hacer su trabajo.

    Cristina: Son años y años de gente enriqueciéndose.

    María: Como anécdota, el campo de Cartagena está lleno de carteles escritos a mano donde se lee «pozos» y un teléfono. Son de gente que se dedica profesionalmente a hacer pozos ilegales. Cuando hablan de Murcia como potencia exportadora dan ganas de llorar. ¡Porque claro, a costa de qué! Nos estamos cargando nuestro entorno.

    Cristina: En la zona de Mazarrón sucede exactamente lo mismo, solo que aquí lo echan todo al Mediterráneo que es más grande, pero cuando colapse el Mediterráneo también entonces preguntaremos. Hay también problemas derivados, como por ejemplo Torrepacheco, uno de los pueblos muy ricos del campo de Cartagena, ha sido el enclave murciano donde más se ha votado a Vox, toda su riqueza procede de esta agricultura tan dañina, y se vota tanto a Vox porque hay una inmensa mayoría de población marroquí, estas personas son las que trabajan en estos negocios.

    María: Desde la Región de Murcia no se tomará ninguna medida contra el cambio climático. Tendría que ser algo desde fuera, impuesto a nivel Europeo, mejor que a nivel estatal incluso. Las circunstancias se nos van a imponer de forma tan brutal que no nos va a quedar otro remedio que adaptarnos.

    Cristina: Pero la gente se va a resistir hasta el último segundo. Cuando comenzó todo el tema del Mar Menor fue con la anoxia posterior a la DANA del 2019 y se pagaron muchísimas vallas publicitarias por parte de un lobby de agricultores cuyo lema era «La solución no es destruir nuestra agricultura.» Daba vergüenza ajena, con falsas dicotomías.

    María: Hay cosas que se podrían hacer. Una medida sencilla que creo tiene que venir impuesta desde el estado o desde Europa sería la racionalización de horarios. Vivimos en una región donde hace mucho calor durante muchos meses al año y no puede ser que a las cinco-seis y media de la tarde las carreteras estén llenas de coches, de gente volviendo del trabajo todos con el aire acondicionado a tope. Es una medida que tiene un gran impacto muy positivo y un coste muy bajo. Que implicaría un ahorro en energía. Es absurdo que en el mes de julio en Murcia los comercios y oficinas sigan empezando a las nueve de la mañana para parar a las dos y volver a las cuatro para terminar a las seis. Esto debería estar prohibido. ¡Andar contaminado con el coche a cuarenta y cinco grados! Empecemos a trabajar a las siete de la mañana y acabemos a las tres de la tarde. O en el sur se racionalizan los horarios de acuerdo al clima o nos vamos a la mierda.

    Cristina: Aquí hay una negación colectiva pero tenemos que aceptar que vivimos en un desierto. Esta ciudad es totalmente hostil en muchísimos aspectos, pero yo lo que espero es que Europa obligue a gastar dinero en la peatonalización de las ciudades, que se obligue a no meter el coche al centro de las ciudades, a no ser que sean residentes, y que se cree una red eficaz de transporte público.

    María: Aquí no hay nada, no hay ninguna medida orientada hacía el cambio climático. La única medida que se ha tomado ha sido en relación a la contaminación atmosférica y consiste en carteles que avisan. Todavía no ha habido ninguna restricción de tráfico para la ciudad. Durante los episodios de más contaminación atmosférica no ha habido ninguna medida, solo carteles.

    Cristina: La única medida que yo he visto ha sido la creación del carril bici, pero obligados por Europa y con fondos europeos.

    María: Aunque yo el tema del carril bici en Murcia lo veo un poco controvertido, esto está muy bien en zonas donde el clima es menos agresivo. Pero yo no me puedo plantear coger la bici a partir de las once y media de la mañana varios meses al año. Para mí esta no es la solución al transporte público. ¡Aquí el clima es muy hostil! Por dar una nota positiva, me gustaría incidir en la gran baza que tiene Murcia ciudad para luchar contra el cambio climático: su propia huerta, que es un vergel con su propia canalización tradicional, en algunos casos de más de mil años de antigüedad. El entubamiento de acequias y la urbanización y la destrucción de la huerta para hacer carreteras y edificios es un atentado contra el medio ambiente y contra nuestro futuro. Es la única esperanza que podemos tener para que dentro de cincuenta años esto no sea un desierto.

    ¡No pueden entubar más acequias! Esto hay que prohibirlo ya y tienen que volver a su estado natural las que ya han sido entubadas. Necesitamos la humedad, necesitamos la vegetación y necesitamos la sombra, porque sino esto es un desierto. Esta sería la primera acción que tomaría a nivel local. Habría que cambiar el plan general de ordenación urbana, que no puedan entubar acequia, para proteger la huerta y preservar su vegetación y su fauna asociada, los cauces y el agua. Es decir, hay que recuperar el regadío tradicional. Si perdemos la humedad, perdemos la vegetación y perdemos el frescor ¡estamos muertos! Pero aquí también se mira para otro lado. Las acequias se entuban también para ahorrarse los costes de su limpieza. Una vez entubadas el cauce desaparece, desaparece la fauna y la vegetación y se tienen más espacios para urbanizar. ¡Esto hay que pararlo ya! Ya vamos tarde.

    Cristina: Además para poder construir sobre tierra fértil y blanda se traen camiones de tierra del campo de Cartagena y la ponen encima para poder construir. Con el tema del Mar Menor llevamos veinticinco años. ¿De verdad en todos estos años no ha habido forma de pensar cómo compensar a estos agricultores o reconvertir la industria? Para la reconversión industrial fueron muy rápidos, pero aquí no hay ningún plan. Esto es tirar para adelante hasta que dé.

    La ilustración es obra de Adara Sánchez Anguiano.

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  • «Agradecería una red de actividades culturales fuerte y variada, no centrada en la capital de la provincia» – Rocío, El Vellón

    «Agradecería una red de actividades culturales fuerte y variada, no centrada en la capital de la provincia» – Rocío, El Vellón

    [Esta es una de las entrevistas que realizamos en el marco del libro colectivo La conquista del espacio, que puedes descargar íntegro en pdf aquí, o ver poco a poco aquí].

    Vivo en El Vellón, un pueblo de mil setecientos habitantes en el norte de la Comunidad de Madrid, desde la primavera de 2021. Trabajo en otra localidad, a quince kilómetros de casa. Me mudé a la zona hace unos años por razones laborales, y me encontré con la escasez de viviendas en alquiler, ya que la mayoría de los alquileres son turísticos. Ante la imposibilidad de alquilar algún piso o casa en la misma localidad en la que trabajaba, busqué en pueblos cercanos, y me costó encontrar un municipio con unos servicios mínimos y con precios de alquiler relativamente sensatos. Antes había vivido en ciudades pequeñas y medianas, Mérida y Salamanca, por trabajo y estudios.

    En lo relativo a recursos y servicios disponibles, en el pueblo hay un centro de salud, un colegio de educación infantil y primaria y una guardería municipal. Las actividades culturales dependen de la casa de la cultura, y se organizan conciertos, exposiciones de artistas de la zona y actividades infantiles. Hay varias rutas de senderismo que atraviesan o parten del pueblo y también hay varios bares en la plaza principal. Hay un supermercado pequeño y dos ultramarinos, frutería, carnicería y kiosko de prensa. Si necesitamos algo más vamos a centros comerciales a veinte o treinta minutos. Dentro del pueblo nos movemos a pie, pero para las compras en grandes superficies usamos transporte público o el coche. Una o dos veces a la semana cogemos el coche para ir a hacer compras grandes.

    Echo de menos más transporte público, quizá si hubiera aprovecharía las actividades culturales de otros pueblos cercanos que no tienen conexión de autobuses y que me obligan a coger el coche. Agradecería más información y una red de actividades culturales fuerte y variada, que no se centre solo en la capital de la provincia. También echo en falta un mercadillo semanal con productos de la zona. Sin embargo, si tuviera que irme a una ciudad más grande, echaría mucho de menos la posibilidad de ir andando a todas partes.

    Mi familia y amigos están, en general, lejos de El Vellón, ya que me fui de mi ciudad de origen por motivos laborales. Sí que noto, desde hace unos meses, que hay movimiento de la capital a ciudades más pequeñas. En el pueblo, aunque llevamos poco tiempo, ya conocemos de vista a mucha gente –un poco más a los vecinos de bloque y a los que viven en las casas de alrededor, con los que hemos intercambiado algún favor–, y en la tienda en la que hacemos las compras pequeñas nos conocen y conocen nuestras preferencias. Tenemos también un bar de referencia en el que estamos a gusto, y no creo que fuera difícil establecer lazos más fuertes en el pueblo.

    El pueblo cuenta con bastante espacio público: parques, la casa de la cultura, plazas e instalaciones deportivas. Pero el grueso del espacio son los caminos que hay en los alrededores del pueblo, que son muy utilizados por la población. No es tan fácil usar los espacios de titularidad municipal, pues los horarios no están muy claros, las actividades no se publicitan mucho… Los vecinos suelen hacer uso de estos espacios, aunque no hay mucha iniciativa vecinal, sino que es el ayuntamiento el que promueve las actividades, dirigidas principalmente a niños y jóvenes. Yo intento participar en todas las actividades que me interesan y uso intensivamente las instalaciones y servicios municipales.

    Aunque no llevamos mucho tiempo en la zona, sí que nos han dicho que ha habido cambios recientemente: familias que se han venido de Madrid a vivir, lo que ha hecho que suban los precios, sobre todo del alquiler. El entorno rural no está muy cuidado ni señalizado, pero no ha ido a peor ni está muy afectado por actividades agrarias: hay agricultura y ganadería, pero no hay grandes explotaciones. Si sigue la tendencia, la vida será más difícil para los jóvenes que viven allí pero trabajan en otro sitio, al subir el precio del alquiler por la llegada de más familias que huyen de Madrid.

    En lo referente a los efectos del cambio climático, me da miedo que los episodios de vientos fuertes se intensifiquen, así como las tormentas eléctricas. Sin embargo, lo más preocupante podría ser el incremento de temperaturas (se alcanzan cuarenta grados con frecuencia, sin que las casas estén adecuadas) y la escasez de agua. Aquí no se da mucha importancia al entorno y su cuidado por parte de los vecinos ni los partidos políticos con representación en el ayuntamiento. Por ejemplo, hay poquísima información acerca del punto limpio local: está mal señalizado, no está claro cuándo abre… No sé de ninguna iniciativa institucional destinada a paliar los efectos del cambio climático, y como mínimo deberían prepararse mejor para las emergencias meteorológicas, y mejorar las conexiones de transporte público. Es verdad que la cercanía al campo puede favorecer el acceso a recursos y el consumo de productos de cercanía. Por mi parte, estaría dispuesta a renunciar casi por completo al uso del coche y a consumir más productos locales, además de participar en iniciativas ciudadanas del tipo que fuera.

    La ilustración es de Adara Sánchez Anguiano.

  • «Nunca se te ocurre que puedes ir al parque simplemente a estar» – Entrevista con Ana, Tudela

    «Nunca se te ocurre que puedes ir al parque simplemente a estar» – Entrevista con Ana, Tudela

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    [Esta es una de las entrevistas que realizamos en el marco del libro colectivo La conquista del espacio, que puedes descargar íntegro en pdf aquí, o ver poco a poco aquí].

    Vivo en Tudela de Navarra, nací aquí, estudié aquí y después de hacer la carrera y el máster es aquí donde he encontrado trabajo. Soy bióloga y ahora estoy trabajando en el sector agrícola y también en cosas relacionadas con la industria alimentaria, con una ingeniera agrónoma, llevando los cuadernos de explotación de tratamientos y de fertilización, también llevo temas de calidad y normativas de calidad. Para estudiar, eso sí, me tuve que ir fuera, porque en Navarra no había opciones. Viví en Madrid seis años por temas de estudios, también viví en Amberes, que no es una gran ciudad, pero sí que es una zona metropolitana. Aunque esa zona del norte del Bélgica tenga un sector ganadero fuerte, no es el mismo concepto de rural que aquí. Es todo mucho más urbanizado y con mucho más dinero. También viví en Lisboa.

    No sé si definir a Tudela como un entorno rural, porque claramente está rodeado de zona agrícola y campos, pero Tudela en sí es muy urbanita. Sí lo considero situado en una zona rural, pero Tudela en sí no lo es tanto.

    Creo que en lo que se refiere a recursos está bastante bien: hay espacios educativos, a nivel de primaria y secundaria, y está la universidad, aunque con pocas carreras. Hay muchos centros de salud y en general la gente de Tudela tiene aquí los medios para satisfacer sus necesidades en cuanto a sanidad y educación. Los de la Ribera sí que se tienen que desplazar. Hay mucha oferta de colegios e institutos y cerca también hay, en otro pueblo, pero también hay bachillerato artístico. Teniendo en cuenta el nivel de población creo que está bien. Además, a todo lo que está en Tudela se puede ir andando o en bicicleta perfectamente.

    Respecto a los centros culturales y de ocio, la verdad es que Tudela está muy centrada en que su actividad sea principalmente comercial y de bares. El ocio está totalmente enfocado al consumo de alcohol y fiesta. Hay muy poca oferta. Hay un teatro con una cartelera enfocada a la gente mayor o niños pequeños y que tampoco tiene muchísimas obras. Conciertos tampoco hay muchos, es siempre en el mismo sitio y casi nunca hay. De vez en cuando te viene alguien muy famoso y ya está. No hay salas pequeñas y el nuevo ayuntamiento tampoco deja a los bares hacer conciertos. Está todo muy centrado en lo que organice el ayuntamiento y en un único espacio. En los centros cívicos, a los que antes se les daba un uso más amplio, ahora es mucho más difícil organizar algo y te ponen muchas más pegas. Por la situación política que hay en Tudela la vida cultural y social en general ha ido a peor.

    Echo en falta más ofertas variadas respecto al tema cultural, que no dependan todas del ayuntamiento que haya. Que haya más espacios que pueden ser utilizados de forma libre por la población y por las organizaciones, que era algo que se estaba intentando hacer a nivel de la Ribera, también para descentralizar un poco todo de Tudela. Porque en otros pueblos se hacen muchas más actividades culturales, por ejemplo en Cascante o en Murchante organizan cines al aire libre, incluso hay un festival de música muy importante en Cascante. Las organizaciones culturales y musicales se están organizando para tener fuerza y exigir que se les facilite utilizar estos espacios que ya existen. Espacios que se podrían utilizar más allá de lo que utilizan ahora.

    Los parques infantiles tampoco creo que estén súper bien cuidados, están construidos en relación a donde hay urbanizaciones, así que los parques «guays» están en las zonas de casas nuevas que han hecho. Pero en el centro hay poquísimos parques y no creo que haya muchas más actividades para los niños.

    Los desplazamientos son rapidísimos, porque máximo te puedes recorrer Tudela en quince o veinte minutos y con bici puedes ir a todos los lados, incluso a los cines y los recreativos que están totalmente fuera de la ciudad.

    Si tuviera que irme a un pueblo más pequeño o a una ciudad como Madrid echaría de menos los recursos sanitarios y educativos. En un pueblo más pequeño me tendría que desplazar más para la sanidad y en una ciudad grande como Madrid seguramente también tengas que desplazarte más, y que sea una atención mucho peor. El tamaño de Tudela tiene cosas muy buenas, como que los planes puedan ser mucho más espontáneos, no dependes tanto del coche, y básicamente que no te requiere tanta planificación el hacer un plan o hacer la compra, es todo más inmediato. En un pueblo más pequeño seguramente tengas que irte a otro más grande y en otro sitio más grande puede ser más difícil acceder a ellos.

    Vivir aquí te permite tener relaciones mucho más cercanas y que todos los amigos que puedas tener vivan como máximo a diez minutos de tu casa y eso esta muy bien. Pero pocos de tus amigos van a poder vivir aquí, casi todos encuentran trabajo fuera o prefieren vivir fuera, aunque la calidad de vida sea mejor aquí. Por una parte tienes relaciones más cercanas y es más fácil quedar con la gente que en una ciudad grande. Pero al mismo tiempo voy muchísimo a Madrid, porque tengo muchos amigos allí. Al final todo el mundo se va, porque encuentran trabajo o porque también un sitio pequeño puede ser asfixiante. Todo el mundo te conoce, puede que te encuentres con frecuencia con el que te hizo bullying de pequeña y no te apetece. Hay muy poca diversidad de formas de ser, muy pocos espacios en los que si no encajas del todo no estás cómodo. Las cosas malas de un sitio pequeño, aunque esto también mejora con la edad, porque las cosas te van dando más igual.

    En otro tipo de relaciones, por ejemplo, yo tengo el mercado al lado y hablo con la verdulera, con la frutera, me dan todo lo que yo quiero y tengo una relación muy cercana, con la vecina también. Aunque pienso en Madrid y cada barrio es una muestra pequeña y también puedes tener esa relación a nivel de barrio. Es un poco lo mismo, aunque aquí el producto es prácticamente kilómetro cero y es mejor. La calidad de las cosas que puedes obtener es mejor, pero en cuanto a las relaciones en sí, no sabría decirte qué es mejor. Porque también estar en un sitio muy grande donde la gente no sabe quién eres también está muy bien.

    Creo que aquí es más fácil mantener los lazos sociales, primero, porque si no es gente que conoces de toda la vida, más o menos lo conocías, y seguramente no sea gente nueva. No es tanto establecer una relación, sino fortalecer una que quizás ya existía. Te permite mantenerla, porque estás cerca y es más fácil. Lo que es difícil es hacer cosas, porque no hay mucha opción. Pero aquí es mucho más difícil establecer una nueva relación, si no es alguien que se mueva con gente afín a ti, es porque se mueve con gente no afín a ti. No es un sitio para hacer nuevos amigos. Es difícil. En Madrid era más sencillo. Es un entorno pequeño y cerrado para muchas cosas, hay muy poca diversidad y la gente está poco abierta a estar con alguien distinta a ellos. Yo la primera en según qué cosas. En una ciudad grande hay más oportunidades de conocer otro tipo de gente.

    En tema de utilización de calles y plazas, en realidad se utiliza muy poco, porque está totalmente dedicado a que haya terrazas de bares. Sales a la calle y después de hacer el recado que tengas que hacer no te quedas utilizando la calle o un parque, te vas directamente a la terraza, que está en el propio parque. En el gran paseo que recorre casi todo Tudela hay terrazas a ambos lados, por lo que la gente no utiliza el espacio público más allá de la terraza del bar, que entiendo que esto sucede en todas partes. Pero la gente de Tudela no intenta reutilizar estos espacios.

    El tema parques, hay un parque al lado del Ebro, que se usa, pero no mucho. La gente que tiene perros pasea, pero como la zona está aislada y mal iluminada no se utiliza demasiado. Hay parques que solo utilizan las personas que viven cerca. Los dos parques grandes están en los dos extremos del pueblo, que están muy a mano, pero mentalmente tú no consideras que están cerca. Porque no está en tu recorrido diario, ni en tu imaginario de espacios a utilizar, porque está fuera. Es muy distinto a cómo entiendes el uso del espacio público en una ciudad grande, en Madrid se utilizan mucho más, porque parece que es una cosa que tienes que recuperar. Aquí no se te ocurre que puedes ir al parque a estar. También puede estar relacionado con el tipo de vivienda, que aquí está mejor. Aunque en los pueblos más pequeños sí que se utiliza más. Aquí el tamaño no es tan grande, pero hay una actitud que no ves ni en las grandes ciudades. No está diseñado para que utilices realmente el espacio público.

    El principal cambio del entorno en los últimos años ha sido el crecimiento de la ciudad, por medio de crear nuevas urbanizaciones, toda esta zona verde que he comentado. Hay una zona muy amplia con zonas verdes para todas estas casas que se han ido construyendo. Con su farmacia, Mercadona, zona de bares. En realidad yo he vuelto a Tudela hace dos años y muchos pasos me los he perdido, pero ha sido un crecimiento urbanístico muy centrado en satisfacer las necesidades de esa nueva zona que está creciendo. No ha habido principales cambios además de estos. También se están ampliando las instalaciones deportivas, pero también ligado a esa zona que está creando. Parece que es un crecimiento que se va a seguir potenciando. Pero no sé por qué. Hay muchas obras y cambios que se están haciendo en las calles de Tudela que no tiene ningún sentido.

    Tengo la sensación que cuando estaba en ciudades más grandes hacía un mayor uso de los espacios públicos. Aquí no se te ocurre ir a pasear, leer o estar. Parece raro porque aquí no lo hace nadie.

    Esta es una zona semiárida y agrícola, el mayor impacto del cambio climático será en cómo va a afectar a la industria agrícola. Habrá que ver qué se hace con el suelo, a ver qué se planta y cómo se adaptan los agricultores. Estamos en una zona con un riesgo de desertificación muy alto y es una zona en la que ya se empieza a notar el tema de las sequías. La zona de la Ribera es una zona hortícola, habrá que ver cómo se adaptan los agricultores al tipo de cultivos que van a tener que poner, el tipo de manejo, labores y planificación de los cultivos. Tendrán que adaptar los ciclos de los cultivos a los ciclos ambientales, teniendo en cuentas las épocas de más calor, o más estrés hídrico. Va a haber un impacto muy fuerte, porque no se está preparando a los agricultores para esto desde las instituciones, debería de haber un plan más coordinado. Va a llegar un momento en el que no se va a poder cultivar y las pérdidas serán brutales. No hay adaptación alguna, sin hablar ya de mitigación. El principal impacto será socioeconómico, teniendo en cuenta que hay muchísima población de Tudela y la Ribera que depende del campo, y eso se va notar. Aunque habrá cultivos en los que se aumentará el rendimiento, pero habrá que ver.

    Además, en cuanto a la vulnerabilidad de la población, esta es una zona de población bastante envejecida. El aumento de temperaturas y la sequedad en el ambiente se notará, como hemos dicho, con dos parques que están fuera de la ciudad. Tudela es todo asfalto, no será agradable con el aumento de la temperatura. En verano hace mucho calor y es muy seco, en invierno es muy frío y tienes el cierzo. Con un tiempo más drástico la gente no sé cómo va a poder reaccionar a esto.

    Parece que no estuviera pasando nada, el ayuntamiento de Tudela no dice nada al respecto. Todo sabemos que vivimos al lado de un desierto, todos sabemos que hay riesgo de desertificación y de aumento de la erosión, no es algo secreto. Pero no se plantea ninguna medida de adaptación al cambio climático. No creo que se estén tomando muchas medidas. Están cambiado las calles para favorecer los coches, así que en cuanto a movilidad no se está haciendo nada, en cambio, se están potenciando los coches. Aunque en cuanto a las bicis, sí que han aumentado las zonas ciclables, pero hay poquísimos aparca bicis y solo de atar una rueda. No se está favoreciendo otra movilidad que no sea ir en coche o andando. Se habló incluso de poner patinetes eléctricos, y recordemos que Tudela se puede recorrer en un paseo en veinte minutos. La sensación general es que el equipo de gobierno no se lo está tomando en serio.

    De hecho, acaban de aprobar hacer un campo de golf, en una zona agrícola que está estratégicamente colocada al lado de un hotel de lujo. Es una iniciativa del anterior alcalde, que es del mismo equipo de gobierno del actual. El arquitecto municipal está de hecho en la asociación privada de golfistas. Lo venden como golf para todos, pero está en una zona lejos del público, en una zona con altísimo riesgo de erosión y al lado de un desierto. Y esto se hará con dinero público. La sensación es que no hay nadie al volante.

    La ilustración es de Adara Sánchez Anguiano.

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  • El placer de matar: radiografía de la caza en España

    El placer de matar: radiografía de la caza en España

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    Por Daniel Cabezas.

    [Este artículo es parte de los contenidos del libro La conquista del espacio, que podéis descargar aquí o leer por partes aquí].

    Resulta complejo abordar un tema como la caza sin que muchos piensen, de entrada, que se trata de algo lejano. Lejano en el espacio, pero también en el tiempo. Una actividad propia de un mundo rural cada vez más vacío y que en pleno siglo xxi parece quedar, casi, como una rémora de un pasado al que ya no hay vuelta atrás.

    Sería un error de bulto: la caza sigue estando muy presente en nuestra sociedad. De hecho, España es el segundo país europeo en número de licencias de caza, con 743.600, solo superado por Francia. Dentro de nuestras fronteras circulan casi tres millones de armas legales, lo que equivale a una por cada dieciséis habitantes. Un 75% de ellas son escopetas. Y aunque se ha producido un importante descenso en el número de licencias desde que en 2005 se sobrepasara el millón, el impacto del fenómeno en su conjunto sigue siendo inmenso y abarca cuestiones y problemáticas diversas. Desde los derechos de los animales a la sostenibilidad medioambiental. De los retos y necesidades del mundo rural a las redes clientelares. De la economía a la salud, pasando por la ética y, claro está, también por la política.

    Coto privado

    Empecemos por lo obvio: la caza es una amenaza. Lo es principalmente para los miles de animales que cada año mueren abatidos, en torno a unos treinta millones en todo el estado español. Pero lo es, también, para las propias personas: según la Guardia Civil, en los últimos catorce años se han producido al menos 794 víctimas de accidentes de caza, con 63 muertos y 483 heridos, sin contar con los datos de Catalunya y Euskadi. Castilla-La Mancha se lleva la peor parte: tres de las cinco provincias con más víctimas registradas pertenecen a esa comunidad autónoma, que en el citado periodo sumó 238 víctimas de la caza, de las cuales diecisiete perdieron la vida.

    «Es incomprensible que se vean limitados los derechos de las personas no cazadoras», denuncia Silvia Barquero, fundadora del Partido Animalista (PACMA) y hoy parte de la organización Igualdad Animal. «Somos muchas las personas que disfrutamos de la naturaleza sin ejercer la violencia de la caza, poniendo en riesgo nuestra integridad por parte de una minoría que sale armada al monte dispuesta a matar».

    Barquero señala un dato a tener en cuenta: «Según la Encuesta de Hábitos Deportivos en España, publicada en 2020 por el Ministerio de Cultura y Deporte, tan sólo el 1,4% de la población practica este mal llamado deporte», recuerda. Una minoría muy pequeña que, sin embargo, ostenta un poder inmenso, y que va mucho más allá de portar una escopeta al hombro.

    Los reyes del monte

    La práctica totalidad de España, un 87% de la superficie, forma parte de algún coto de caza. De las 50.510.210 hectáreas que conforman el territorio nacional, 43.945.027 están dedicadas a esta actividad, en un porcentaje que ha aumentado un 12% en la última década. Reservas de caza, cotos regionales, cotos sociales, zonas de caza controlada, cotos municipales, cotos privados de caza, cotos deportivos, cotos intensivos, refugios de caza y terrenos vedados. Distintas denominaciones para referirse a un mismo fenómeno: en cualquiera de ellos, mandan las armas.

    Muchos de los núcleos urbanos afectados directamente por la caza en sus distintas variantes son municipios pequeños. De hecho, gran cantidad de los casi cinco mil pueblos de menos de mil habitantes con los que cuenta España han sido, tradicionalmente, coto y cortijo privado para cazadores. Allí, y en connivencia con las autoridades locales, encontraron un entorno perfecto para el desarrollo de la actividad, fomentando de paso un negocio que, a menudo, supone la única fuente de ingresos para muchos municipios, víctimas del abandono por parte de las administraciones.

    La baja densidad poblacional tan característica de muchas zonas de España se traduce, inevitablemente, en un control que brilla por su ausencia. Algunas normas se incumplen de forma sistemática. Está prohibido abandonar cadáveres en el monte, dar muerte a un número mayor de animales de los que fija la veda o abrir fuego junto a ríos o caminos, así como a una distancia inferior a 250 metros de los núcleos urbanos. Y, sin embargo, se hace constantemente. A menudo, porque ni siquiera hay nadie cerca para hacer cumplir la ley. Una realidad que se traduce en amenazas, veladas o explícitas, a quienes reúnen el valor de enfrentarse a los cazadores o entorpecer su pasatiempo favorito, ya sean senderistas, ciclistas, buscadores de setas o vecinos que reivindican su derecho a pasear sin arriesgarse a recibir una bala.

    ¿Qué podría justificar tal amenaza? A menudo, uno de los argumentos centrales para defender la caza pasa por entenderla como algo estrechamente ligado a los habitantes de las zonas rurales. La realidad es que buena parte del territorio está en unas pocas manos: quinientas familias controlan una porción de terreno equivalente a Navarra, País Vasco y La Rioja juntas, gracias a los 1.669 grandes cotos de caza de su propiedad. Es posible que muchos no conozcan algunos de sus nombres, pero a buen seguro habrán pisado sus tierras: la familia de Juan Abelló, empresario que hizo fortuna en industrias tan dispares como la farmacéutica, la financiera o la artística, posee 41.276 hectáreas dedicadas a la caza. Le siguen en la lista de superpropietarios el ganadero Samuel Flores, con 34.099 ha, la familia March Delgado (30.285 ha.) y la familia de terratenientes Mora Figueroa Domecq (28.242 ha).

    Y es que la caza es, ante todo, un negocio de primer orden. La actividad cinegética mueve cada año en España en torno a 6.500 millones de euros, y se calcula que genera unos 200.000 empleos, según el estudio «Impacto económico y social de la caza en España», elaborado por Deloitte y Fundación Artemisan y presentado en 2018. Se invierte en armas, licencias y permisos, pero también en viajes, hoteles, restaurantes, ropa, accesorios o seguros. Un suculento y lucrativo pastel del que todo el mundo quiere un pedazo.

    La mirada ecologista

    Enfrente, además de los colectivos animalistas o muchos habitantes de las zonas rurales, están los ecologistas. Cada año se disparan trescientos millones de cartuchos, que dejan en el campo cinco mil toneladas de plomo, metal altamente contaminante. Según las estimaciones de la Agencia Europea de Químicos, entre 21.000 y 27.000 toneladas se dispersan en el medio ambiente de la Unión Europea. Una realidad que llevó a la Comisión Europea a instar a España a reducir drásticamente el uso de este material y prohibirlo en los humedales.

    La reacción del lobby de la caza fue furibunda. En una carta remitida a los ministerios de Agricultura, Transición Ecológica, Trabajo e Industria, la Real Federación Española de Caza (RFEC) alertó de las consecuencias «catastróficas» que tendría erradicar el plomo. En el escrito, la RFEC advertía de que «si se prohíbe la munición de plomo, el 25% de los cazadores dejarán de cazar y las perdidas serán de unos 5.700 millones de euros». En palabras de Manuel Gallardo, presidente de la RFEC, «el Gobierno de España debe decidir si quiere seguir contentando a colectivos ecologistas que nada han hecho por el ecologismo y la naturaleza o si de verdad quiere que prospere el mundo rural». Un alegato que, en resumen, volvía a poner en valor la importancia de la actividad cinegética en el control de especies, la fijación de población en la España rural y el aporte económico de la actividad.

    Theo Oberhuber es una de las personas que más se ha batido el cobre en la lucha contra la caza. Cofundador de Ecologistas en Acción, el suyo es un rostro conocido en España. Tanto, que en más de una ocasión ha tenido que salir huyendo de algún bar de pueblo tras ser reconocido por cazadores. Ha sido insultado, amenazado e incluso declarado persona non grata en determinadas poblaciones de la geografía española. Conoce al dedillo cada uno de los argumentos de los cazadores, y los rebate con serenidad, contundencia y conocimiento de causa.

    «Que la caza sirve para controlar las poblaciones es simplemente mentira», explica Theo. «La muestra es que, a pesar de que llevan siglos cazando, no consiguen controlar las poblaciones de conejos, corzos o jabalíes. Tampoco son capaces de controlar los predadores. Por eso deberíamos referirnos a la caza como una actividad de tiempo libre, pero nunca de algo que posee la más mínima utilidad real».

    Pero esa no es la única mentira de la caza: «La caza tampoco sirve para fijar población», apunta Theo. «No es cierto que ayude a repoblar la España vaciada, pues la mayoría de los cazadores vienen de las grandes capitales: el porcentaje de población local que se beneficia de la actividad es ínfimo, y hay numerosos estudios que así lo atestiguan», recuerda. «Por algún motivo, los cazadores siguen contando las mismas mentiras una y otra vez. Quizá, porque muchos las creen».

    Entre esos muchos, las propias autoridades. «La caza siempre se las ha arreglado para tener cerca al poder. Hoy en día sigue siendo una actividad muy ligada al poder político, pero también al económico. Las personas con recursos y las grandes empresas están de parte de los cazadores. Por eso VOX y el PP, así como algunos sectores del PSOE, la han convertido en una de sus banderas. Esta actitud de buena parte de la clase política se ha traducido en una política clientelar de gestión autonómica y local que se lleva a cabo pensando en las necesidades de los cazadores, pero no en las de las personas», denuncia Theo.

    De Ortega a la caza industrial

    En libros como «La caza y los toros», y especialmente en el prólogo de «Veinte años de caza mayor», del Conde de Yebes, el filósofo madrileño José Ortega y Gasset defendió la caza con pasión. Hablaba de una unión casi mística entre cazador y presa, elogiaba los valores propios de la actividad cinegética y ensalzaba su importancia en la conservación del equilibrio natural. Hoy, aquellos escritos siguen siendo una referencia entre los cazadores, y se citan con frecuencia para defender sus virtudes.

    «Es cierto que, hasta los años sesenta y setenta, la caza podía tener cierta utilidad en materia de conservación: en muchos aspectos, era mejor que hubiera un coto de caza a una urbanización que arrasaba con todo», apunta Theo Oberhuber. «Pero con el tiempo, la caza se fue intensificando y haciendo más y más más agresiva. Desde hace décadas, ya no tiene nada que ver con la actividad que describía Ortega y Gasset en aquellos textos. Ahora es una caza intensiva, industrial y, sobre todo, deportiva, aunque no hay duda de que no es ningún deporte».

    Hablemos de conservación. «La caza tiene un impacto inmenso en muchas poblaciones de animales», explica Oberhuber. «Las primeras afectadas son las propias especies cinegéticas: para ellas ha sido un factor esencial de extinción. Aunque hoy existen límites, antiguamente se cazaba todo lo que se movía: especies que hoy están en peligro de extinción, como el lince, fueron objetivo de los cazadores», recuerda Theo Oberhuber. «Más allá de las especies cinegéticas, la caza ha sido una de las principales causas de extinción de toda clase de animales, especialmente aves y mamíferos. Y pese a ser una actividad fuertemente regulada, no hay un conocimiento real de cuánto se está cazando en nuestro país, lo que es un síntoma inequívoco del descontrol absoluto que existe».

    Un supermercado en el monte

    A todo ello hay que añadir una problemática que muchos desconocen, pero que es de dominio público en cualquier entorno que haya tenido una relación, por pequeña que sea, con el día a día de los aficionados a la caza: la cría de animales en cautividad para su posterior suelta en los cotos. Una práctica que afecta a la mayor parte de las especies cinegéticas, pero que alcanza sus cotas más elevadas en la caza menor. «En España se están criando en torno a unos tres millones de perdices en cautividad», denuncia Theo Oberhuber. «Son lo que los cazadores llaman “perdices de plástico”, pues lógicamente se comportan de manera mucho más mansa. Se crían, se sueltan y se disparan de manera inmediata». Más allá de la crueldad de la práctica, su generalización comporta, según denuncian ecologistas como Theo Oberhuber, «la pérdida de la pureza genética de la perdiz, entre cuyas diferentes especies hay unos inmensos niveles de hibridación».

    Esta misma cuestión se traslada, también, a la caza mayor: los llamados vallados cinegéticos abundan en cada rincón de la geografía española. «Los cazadores convierten cotos en zonas valladas de las que los animales no pueden escapar», explica Theo. «Esto se traduce en la existencia de zonas de caza mayor con una densidad enorme de especies cinegéticas, lo que a su vez provoca una falta de vegetación, pues esta sobrepoblación causa un gran impacto en el ecosistema».

    Todas estas prácticas constituyen, en opinión de Theo Oberhuber, ejemplos de una intensificación que hacen que la caza haya perdido los elementos presuntamente románticos o de índole conservacionista que quizá pudo tener en su día. Hoy, Ortega y Gasset difícilmente encontraría algo de la mística que elogió antaño. «Actualmente, ir a cazar es casi como ir al supermercado: lo que quieres, lo tienes», explica Theo. «Esa disponibilidad lleva inevitablemente a convertir la caza en un gran negocio. Porque cuando puedes garantizar al cazador lo que va a cazar, se cobra en consecuencia». Un dinero del que apenas un porcentaje muy reducido se queda en la comunidad local. «La gran mayoría de los beneficios va a parar a los grandes terratenientes, que ni siquiera viven en las zonas rurales, sino en las grandes ciudades». De nuevo, la caja es para los Abelló, los Flores, los March Delgado y los Mora Figueroa.

    En la mente del cazador

    Hay otra pregunta que todo aquel que entienda la caza como un acto de cobardía se ha hecho alguna vez: ¿Qué pasa por la cabeza de quien encuentra placer en abatir a un animal? Ruth Montiel, artista y activista por los derechos de los animales, quiso darle respuesta. Para ello se integró en distintos grupos de cazadores, con los que compartió su día a día, sus cacerías, sus desvelos y sus motivaciones. Un proyecto que plasmó en el fotolibro «Bestiae», tan descarnado y crudo como poético y necesario.

    «Existen distintos perfiles de cazadores», comenta Ruth. «De hecho, en algunos casos resultan abiertamente contradictorios entre sí, e incluso consigo mismos. Un cazador en Cazorla me reconoció que a él no le gustaba matar animales, sino salir al campo. Me llegó a decir que sería maravilloso que los animales no tuvieran que morir. Poco después me comentó que, en realidad, a él lo que le gusta era matar a cuchillo, una modalidad en la que el perro hiere e inmoviliza al animal y el cazador lo remata a cuchilladas. Para él, este acto era una lucha mucho más real y equilibrada entre el hombre y la bestia».

    Tal y como ha comprobado Ruth, es frecuente que algunos cazadores no peguen un solo tiro a lo largo del día. «Muchos dicen que lo que quieren es pasar el día en el monte y en compañía de otros hombres con los que charlar, comer y beber», explica. «Algunos defienden el derecho a continuar una tradición que heredaron de sus padres o sus abuelos, pero sin mostrarse especialmente entusiastas». Incluso llegó a conocer a un cazador vegetariano. «Me contó que una vez disparó a un corzo: cuando fue a su encuentro quedó tan impactado que decidió dejar de comer carne. Eso sí: sigue acompañando a sus amigos cuando van de caza, pero les miente diciendo que ha dejado de comer carne por problemas de corazón».

    Con todo, son casos que no pasan de lo anecdótico: la mayoría de los cazadores aprieta el gatillo sin remordimiento alguno, cuando no con la convicción de estar jugando un papel esencial para el equilibrio natural. «Están absolutamente convencidos de que su labor es fundamental, ya sea para controlar que los zorros no se coman a las gallinas o para que los jabalíes no se acerquen a las zonas urbanas», apunta Ruth. «A menudo, como en el caso de los zorros, los consideran alimañas a exterminar. Como mucho, me he encontrado a quien parece preocuparse un poco de sus perros, dado que para ellos son una herramienta fundamental».

    Animales amigos

    He aquí otro gran quid de la cuestión, y también las otras víctimas de la caza: los perros. Pese a no existir informes oficiales que cuantifiquen cuántos de ellos son abandonados cada año por los cazadores, PACMA publicó en marzo de 2021 un ambicioso informe en colaboración con noventa y ocho protectoras del estado español. Lo hizo en un mes especialmente señalado, pues coincide con el final de la temporada, en febrero, de una modalidad de caza muy concreta y puramente española como pocas: la caza con galgo.

    Los datos de PACMA distan mucho de los que ofrece Seprona, según la cual en 2019 apenas se abandonaron ocho galgos en España. Las noventa y ocho protectoras que cedieron sus datos a PACMA recogieron a 5.588 perros de esta raza durante ese el citado año. Una cifra a la que hay que sumar otros tres mil perros empleados como herramientas para cazar.

    Los datos que parecen coincidir con los que arrojan otros estudios como el de la Fundación Affiny, que en 2020 cifró en 162.000 perros los perros recogidos por las protectoras, de los cuales casi la mitad, el 40%, son de caza. Un número que, lógicamente, no contabiliza a los que acaban despeñados por un barranco tras una montería, ensartados por los cuernos de un jabalí, perdidos en el monte o abandonados y enfermos en minúsculos habitáculos donde pelean con el resto de miembros de la rehala por, en el mejor de los casos, un trozo de pan duro.

    Alto el fuego

    Tratar de imaginar un futuro sin cazadores resulta complejo, cuando no inverosímil, en la España actual. Al menos, mientras no haya en la sociedad civil una oposición mayoritaria que, según sus partidarios, no existe. Para demostrarlo esgrimen estudios como el llevado a cabo por GAD3 durante los pasados meses de abril y mayo, del que se hicieron eco todos los grandes medios de comunicación. Bajo el nombre de  «Opiniones y actitudes de la sociedad española ante la caza», se llevaron a cabo tres mil entrevistas telefónicas sondeando a la población sobre su opinión al respecto. Las conclusiones inundaron los titulares: más de la mitad de los españoles (el 54%) consideran que la caza es una actividad necesaria. Y el 71% considera que la caza es «una buena herramienta para el control poblacional animal».

    La mayoría de las noticias pasaba por alto, eso sí, dos factores clave para entender el estudio: en primer lugar, las zonas escogidas para realizar las entrevistas telefónicas (Castilla-La Mancha, Andalucía y Madrid), que coinciden con las que cuentan con una mayor presencia de cazadores. Y en segunda instancia, y aún más importante, el organismo responsable de encargar el estudio: la Fundación Artemisan, formada por Federaciones de Cazadores, propietarios de cotos privados, empresas relacionadas con la actividad cinegética y aficionados particulares.

    Más allá de estudios parciales con conclusiones extraídas a golpe de talonario, a poco que se analizan de manera pormenorizada los datos en su conjunto y se atiende a los argumentos de todas las partes, parece obvio que la caza obedece más a cuestiones  emocionales o puramente monetarias que a la lógica más elemental. Es, de hecho, el dinero y la propia naturaleza de la caza como motor económico de primer orden lo que garantiza su supervivencia a medio y largo plazo.

    Pese a todo, se avecinan tiempos difíciles para los cazadores. Con una sociedad cada vez más concienciada en materia de derechos de los animales, dispararlos por placer o deporte resulta cada vez más indefendible. Aunque con una lentitud exasperante y a menudo de manera insuficiente, pero también sin posibilidad de vuelta atrás, las leyes avanzan en materia de protección animal y medioambiental. La ciudadanía reclama su derecho a disfrutar del espacio natural y alza su voz en un número cada vez mayor de protestas como la que, cada año y coincidiendo con el citado mes de febrero, llena las principales ciudades de España para secundar la convocatoria de plataformas como No a la Caza (NAC).

    En ese sentido es de esperar que, muy pronto, sean también los cazadores los que salgan a las calles para defender los privilegios de los que han gozado hasta ahora. Pero aunque lo hagan, sus proclamas quedarán inevitablemente condenadas a ser poco más que una rémora para el avance del resto de la sociedad. El símbolo de un pasado oscuro en el que nuestros montes y campos estaban poblados de hombres armados en busca de su próxima víctima.

    La ilustración es obra de Marta Endrino.

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  • «En Castilla y León están aumentando los incendios fuera de temporada» – Entrevista con Martín, de Vega de la Espinareda

    «En Castilla y León están aumentando los incendios fuera de temporada» – Entrevista con Martín, de Vega de la Espinareda

    [Esta entrevista es parte de los contenidos del libro La conquista del espacio, que podéis descargar aquí o leer por partes aquí].

    Vivo desde hace ocho años en una pedanía de ocho habitantes en El Bierzo. Es un entorno de montaña, dentro de un municipio de dos mil habitantes. Me mudé aquí junto con mi pareja, pues ambos pretendíamos cultivar parte de lo que consumimos, con la idea de ser lo más sostenibles posible. Para trabajar, como peón forestal, me desplazo a otro pueblo. Antes de vivir en Vega de la Espinareda viví en Ponferrada, y luego en un pueblo que funcionaba de forma cooperativa. El proyecto se disolvió al cabo de un tiempo, pero todos hemos seguido viviendo en zonas rurales, cada uno por nuestra cuenta.

    Las necesidades básicas (alimentación, médico) están cubiertas dentro del municipio, incluso en algunos casos en la propia pedanía, y la falta de opciones de ocio la aceptamos como parte de las renuncias inevitables que apareja el vivir en una localidad tan pequeña. Voy en coche al trabajo, a doce kilómetros de donde vivo. Tardo una media hora, pero aprovecho para los recados que tenga que hacer. Me he planteado utilizar la bicicleta, pero la cuesta lo hace poco recomendable, y el transporte público funciona bajo demanda y no es eficiente; suelen usarlo más personas mayores que nunca han aprendido a conducir o no tienen coche. Si tuviera que mudarme, me costaría renunciar a una de las mejores cosas que tiene vivir aquí, el poder acceder a grandes extensiones de espacio, independientemente de que sean tuyas o no.

    Echo de menos tener más vida social, y la mayoría de mis seres queridos están en Ponferrada, a tres cuartos de hora. En el pueblo la población es más o menos estable, si acaso aumenta ligeramente con gente que se jubila y vuelve de localidades más grandes. Tenemos buena relación con los vecinos, nos conocemos todos y funcionamos como una comunidad estrecha, que se encarga de las cosas prácticas más eficientemente que el ayuntamiento. Los lazos son más de tipo práctico que político. Me gustaría que hubiera más politización, pero no lo veo probable.

    Uno de los grandes atractivos de vivir aquí es la cantidad de espacio público disponible. Todo el espacio está abierto, incluyendo las fincas privadas, ya que casi ninguna está explotada. No hay ganadería en la zona, lo que facilita el acceso a todo el terreno y disminuye la cantidad de vallas. Siempre está el miedo de que esto cambie y se cierre parte del monte, pero de momento no ha ocurrido. No veo que haya muchas posibilidades de explotación comercial del entorno, más allá de que en algún momento se pudiera abrir alguna casa rural.

    Debido a mi trabajo de peón forestal, he observado de primera mano un aumento de incendios fuera de temporada, que supongo que tienen que ver con el cambio climático. El aumento de las temperaturas y disminución de las precipitaciones podrían traer problemas a la ganadería de montaña, que depende de que el pasto crezca solo, y a los castaños, que es de los pocos frutales de la zona. Puede llegar a haber escasez de agua, tanto de riego como de consumo humano, en nuestra pedanía, y en zonas cercanas ya ha ocurrido. Esto, junto con los incendios, podrían ser los principales impactos del cambio climático en la región.

    En cuanto a qué se hace contra el cambio climático, no me parece que las administraciones locales estén actuando de ninguna forma. Podrían, como mínimo, impulsar algo más el transporte público, que ahora mismo funciona bajo demanda. Respecto a cambios individuales, hay muchas cosas que ya hacemos muchos por aquí: las casas están aisladas, los circuitos de producción son cortos y el comercio es principalmente local, se aprovecha la biomasa para calentar las casas… incluso es relativamente habitual compartir coche en los viajes a las localidades más grandes. Hay margen para mejora, por ejemplo en el uso de la energía solar, pero en general creo que vivimos de forma bastante sostenible.

    La ilustración es obra de Adara Sánchez Anguiano

  • Las negativas plurales al boom renovable

    Las negativas plurales al boom renovable

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    Por M.ª Ángeles Fernández y Jairo Marcos.

    [Este artículo es parte de los contenidos del libro La conquista del espacio, que podéis descargar aquí o leer por partes aquí].

    Susinos del Páramo apenas llega al centenar de habitantes, entre ellos, dos agricultores profesionales. Muy lejos, a un siglo de distancia, quedan los tiempos en los que la vida de más de quinientos vecinos giraba en torno a actividad agraria. Hoy la historia es bien diferente: ambos campesinos sobreviven bajo la inminente amenaza de ser sustituidos por un par de gigantes eólicos y, si prospera un proyecto solar estrechamente vinculado a los molinos, las hectáreas dedicadas en la zona a los paneles triplicarían a la población censada. Con este cambio de escenario, el pequeño ayuntamiento sueña con duplicar su presupuesto y entonces dedicar el excedente a mejorar los servicios que ofrece, para finalmente vincular población a través de segundas viviendas.

    Así están las cuentas y los cuentos en este municipio burgalés, situado a treinta kilómetros dirección noroeste de la capital de provincia. Nada nuevo para las gentes de la España despoblada, hasta tal punto que son cientos las localidades rurales «sinónimas» de Susinos. Apenas hay que estirar un poco el diccionario para abrazar el símil: pueblos que comparten el mismo o muy parecido destino. Y aquí caben tantos topónimos que es mejor ahorrarse ese párrafo.

    En el listado encaja cualquier no-lugar de esos que aparecen difuminados y cada vez más vaciados por el interior de la península ibérica, pero al mismo tiempo no es casual que sean esos no-lugares concretos y no otros los que aparezcan compartiendo sino. Zonas de sacrificio, las llaman en América Latina. Un vistazo a los mapas geográficos de la energía eléctrica el estado español aclara la situación. Los últimos datos cartográficos publicados por Red Eléctrica de España, la compañía que monopoliza la distribución eléctrica, delimitan claramente las zonas periféricas de las que se extrae energía de las áreas urbanas y céntricas que la consumen.

    La pandemia ha provocado un descenso generalizado de la demanda en todas las comunidades autónomas, pero la asimetría en función de los diferentes territorios continúa siendo notable, con urbes como Madrid y Barcelona sobredimensionando las cifras de sus respectivas regiones:

    Fuente: «Informe del sistema eléctrico español 2020», Red Eléctrica Española, p. 18.

    Y el análisis queda mejor perfilado cuando se revisa la relación generación/demanda, una ratio que en Extremadura es del 431,3%, mientras que la de Madrid queda estancada en el 4,8%. Los porcentajes de las dos Castillas y los de Aragón, Galicia, Navarra o Murcia también expresan un claro desequilibrio por el lado de la producción energética.

    Fuente: «Informe del sistema eléctrico español 2020», Red Eléctrica Española, p. 41.

    La burbuja renovable

    Del fósil al renovable, cambia el paradigma pero se mantiene el desigual reparto geográfico. Decenas de grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos brotan en diferentes puntos del estado español, nunca unos enclaves cualesquiera, al amparo de la urgente necesidad de una transición energética que abandone las energías fósiles. Los planes del Gobierno central incluyen que 89 de los 191 gigavatios (GW) de la potencia instalada prevista para el sistema eléctrico en 2030 provengan de estas renovables. Detrás aparece el decidido apoyo de Europa y la apuesta «verde» de varias de sus políticas, como los fondos de recuperación NextGenerationEU.

    En España, entre los gigavatios renovables que están en operación y los proyectados ya suman prácticamente el doble de lo planificado para dentro de una década, según los datos que maneja la plataforma Alianza Energía y Territorio (ALIENTE). «Realmente hay una componente especulativa brutal y es imposible que se realicen todos los parques que están poniendo sobre la mesa», aclara uno de los impulsores de ALIENTE, Álvaro Campos, quien lejos de analizarlo como una despreocupación advierte: «Esta proyección energética está cogiendo tintes de burbuja, con todas las consecuencias que puede tener eso».

    La asimétrica distribución geográfica de la energía eléctrica renovable refuerza la lectura que arrojan las cifras de Red Eléctrica de España. Por eso no es casual que Susinos del Páramo esté ubicado Castilla y León. A la espera del correspondiente informe medioambiental, los dos molinos de viento que en un plazo aproximado de un año van a erguirse en sus entrañas, a 4,15 megavatios por torre, se sumarán a los más de 6.200 megavatios (MW) de potencia instalada que tuvo esta Comunidad Autónoma en 2020. Para encontrar sinónimos de Susinos en el mapa lo más práctico es fijarse en las cifras que presentan las diferentes zonas.

    Fuente: «Las energías renovables en el sistema eléctrico español 2020», Red Eléctrica Española, p. 17.

    Y con la energía solar ocurre algo muy parecido. Sobre todo, a raíz del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que reglamenta la posibilidad de hibridar las distintas tecnologías de generación renovable, permitiendo que las placas fotovoltaicas aprovechen las mismas líneas de evacuación que los molinos. En esas están precisamente Susinos y sus múltiples sinónimos. «La empresa va a tener tres parques eólicos de cincuenta MW cada uno y quiere poner una cantidad similar de solar. Está buscando terrenos para ello, pero está aún en una fase muy inicial, con contactos con los propietarios para arrendar los terrenos. Esos ciento cincuenta MW eólicos en total equivalen, en solar, a unas trescientas hectáreas, que es el terreno que están buscando en la zona», explica José María Calzada, catedrático en la Universidad de Burgos vinculado al municipio burgalés.

    Detrás de la construcción del parque fotovoltaico está la entidad Estudios y Proyectos Pradamap S.L.U. La compañía figura en el contrato modelo al que han tenido acceso los autores, en el que se desglosan varios de los puntos clave de este tipo de acuerdos. En primer lugar, se trata de un arrendamiento y no de una venta, por lo que los dueños de las tierras recuperarían más adelante sus terrenos… mejor dicho, sus descendientes, porque se trata de un acuerdo de cuarenta años más «prórrogas sucesivas de veinticinco años, obligatorias para el propietario, si la renta que en tal momento se ofrece se incrementa, por una sola vez, en un porcentaje doble al último aumento porcentual que se hubiera producido». En este punto, Calzada matiza que actualmente la «prórroga automática» que tiene Susinos sobre la mesa ha descendido a los diez años.

    El docente universitario desvela que detrás de la sociedad limitada unipersonal Proyectos Pradamap está Valpat, la entidad patrimonial de una familia vallisoletana. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Nueva oportunidad de negocio o mero movimiento especulativo? Las voces que denuncian la especulación sobre los terrenos agrícolas son habituales. ¿Pretenden consolidarse en la zona o se trata de un primer movimiento para posteriormente venderlo a una gran compañía? La patrimonial ha rechazado participar en este artículo. Pero el contrato modelo deja abierta cualquier posibilidad: «El arrendatario, previa notificación a la propiedad, podrá ceder o subarrendar libremente y sin aumento alguno de la renta pactada».

    Fuente: «Las energías renovables en el sistema eléctrico español 2020», Red Eléctrica Española, p. 35.

    El precio anual del arrendamiento es la segunda característica fundamental que recogen los convenios para la instalación de instalaciones solares. La oferta en Susinos asciende a mil euros «por cada hectárea de ocupación efectiva, incrementando el IVA vigente». Calzada lo tiene claro: «Es una barbaridad de dinero. Una hectárea agrícola en nuestra zona, incluyendo subvenciones, no llega esa rentabilidad en ningún caso. Y en este caso te lo dan sin hacer nada».

    Resistencia en red frente al neocolonialismo

    Generar ingresos sin hacer nada, sin hacer nada, sin hacer nada… No se conocen porque las entrevistas tienen lugar en distintos momentos, pero tampoco es la primera vez que el eco de esa expresión llega a los oídos de Álvaro Campos. El diagnóstico de este profesor de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) es bien diferente: se trata de una «actualización de las prácticas colonialistas». Así sintetiza la «insostenibilidad de un modelo injusto» que a varias de las fuentes consultadas les suena demasiado conocido.

    La historia a partir de aquí se teje con denuncias compartidas. «El extractivismo no es nuevo», afirma Susana Dávila, integrante de la plataforma vecinal Rural Sostenible, que defiende la comarca leonesa del Bierzo Oeste frente a los grandes proyectos energéticos que se están ideando en la zona. Eva Pérez, de la Asociación en Defensa de la Ribera del Guadiana Menor, compara lo que sucede en el sur de México con Granada: «Somos Sur, estamos despoblados y tenemos recursos». En términos muy similares se expresa Rosa Fernández, de la Plataforma en Defensa del Agua del Valle de Lecrín y la Plataforma Di No a las Torres: «Las situaciones no son dispares. Las empresas son las mismas, también las prácticas y las formas de hacer. Sigue la colonización de los territorios».

    Una decena de molinos de viento aquí (y ese aquí nunca es un aquí casual), unos cientos de hectáreas con placas solares allá (y ese acá tampoco es un acá cualquiera). La proliferación de grandes megaproyectos energéticos ha provocado que la ciudadanía sume fuerzas con la creación de plataformas, asociaciones y colectivos que defienden sus territorios de las instalaciones de gran tamaño.

    Más allá de la siempre viscosa presencia en redes sociales, poco se sabía del músculo de estas resistencias hasta el pasado 16 de octubre, cuando miles de personas se concentraron en las calles de Madrid convocadas por ALIENTE. La manifestación supuso un punto de inflexión en las estrategias de lucha: del «aquí no» enarbolado hasta ahora por varias de las resistencias locales, al «renovables sí pero no así» que sirvió de lema durante la marcha. «Ya no es la oposición de un movimiento ambiental y territorial muy local, que es una reacción habitual. Esos procesos pueden quedarse ahí, en que es una cuestión de mala suerte, o pueden atravesar un proceso por el que entiendan que este modelo realmente es el aprovechamiento muy interesado de un discurso para beneficio económico de las élites», explica Campos.

    La colaboración en red es precisamente la oposición que más daño hace al modelo energético y de desarrollo imperante. La antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, quien sumó su voz a la manifestación convocada por ALIENTE, lo subraya en sus intervenciones públicas: «Es importante generar alianzas. Son tiempos para no estar solas». Unión y aprendizajes colectivos son dos conceptos frecuentes en las conversaciones que versan sobre extractivismos, neocolonialismos, despojos o defensas de los territorios y de la vida, en un contexto de escasez de recursos y emergencia climática, con los límites del planeta cada vez más visibles. «Las tensiones van a ser crecientes y la coordinación es necesaria. Conocer lo que pasa en otros territorios es clave», reflexiona Alberto Matarán, profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada y organizador de diversas jornadas sobre transiciones energéticas en las que ha juntado a personas de distintos continentes. Habitualmente, coinciden las fuentes consultadas, son mujeres las que más se implican en estas resistencias.

      

    La suma de rechazos individuales

    Susinos del Páramo no estuvo presente en la manifestación de la capital. Ninguno de sus «mosquitos», el gentilicio oficioso que reciben sus habitantes, se desplazó hasta Madrid para oponerse a esta forma de transición energética. Calzada explica que en el municipio «no hay una oposición radical, fuerte, sino rechazos puntuales que se basan en que las condiciones económicas y contractuales son peores que las que están ofreciendo en otras zonas. Solo uno de los dos agricultores profesionales se opone porque, de alguna forma, ve perjudicada su actividad económica». La misma melodía suena en los otros Susinos repartidos por el mapa.

    Colaborador del ayuntamiento burgalés, Calzada explica cómo desde el propio Consistorio han «animado a que la gente arriende. Básicamente, porque es una fuente de ingresos muy importante para nosotros. Nuestras dos torres eólicas, a tipo mínimo, van a aportar 92.000 euros, es decir, nos doblan el presupuesto. Eso una vez, con la licencia de obras. Después, posiblemente nos aporte 15.000 euros al año, el 15% del presupuesto municipal. Y las plantas solares incluso generan ingresos mayores porque se recalifican todos los terrenos, que pasan de ser rústicos a Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). Nos pasaría a una fase muy distinta».

    A la hora de hablar de las resistencias de los no-lugares esparcidos por la geografía estatal, tan importante es subrayar la resistencia en red, cada vez más consolidada, como reflejar las múltiples zonas grises que aceptan o rechazan este cambio de modelo de forma individual, en función de si la transición afecta o beneficia a sus intereses personales. «Tal y como están haciendo las cosas, a algunos las consecuencias les pueden parecer bien. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nadie lo ha decidido así y las personas que son custodias de su territorio no lo han decidido. Puede dar la casualidad de que te impongan algo y te venga bien. Pero, ya de entrada, la forma en la que se está haciendo no es la correcta», aclara Campos, y de fondo sobrevuela la soberanía de los territorios.

    Es probable que el futuro de esta transición energética pase por la decisión que acaben tomando tantas personas de forma individual. Muchas de ellas son herederas de los propietarios originarios, gente que vive en la ciudad y lleva una vida prácticamente desligada del entorno rural en el que crecieron sus progenitores. «Nosotros somos nueve hermanos y sí hay una hermana que está a favor de arrendar pero, francamente, tampoco lo hemos hablado mucho. Primero, que nos paguen como a las zonas de alrededor, 1.200 o 1.300 euros por hectárea y, a partir de ahí, veremos. Que al menos se nos queden mil euros limpios», argumenta uno de esos descendientes. A otros «mosquitos» lo que les preocupa es el tiempo de arrendamiento, que cuarenta años más prórrogas se les hacen muchos, más si cabe cuando hay otras compañías que están firmando contratos por treinta años.

    La suma de individuos en contra de la instalación de estos proyectos también puede hacer mucho daño a sus promotores. «Como la propiedad está bastante atomizada y dependemos de que generemos espacios amplios de al menos cincuenta hectáreas para poder poner el parque solar, podrían generar problemas incluso de la viabilidad del proyecto», indica Calzada.

    Ni oportunidades laborales ni comunidades energéticas

    Las promesas de trabajo son, junto al crecimiento financiero, la gran baza que manejan quienes abrazan esta transición energética. Pero, según explicó en el Senado Sergi Saladié, el despliegue masivo renovable deja poco impacto económico en el territorio y su funcionamiento cotidiano tiene un nulo beneficio laboral. El profesor de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili planteó como alternativa una generación distribuida que traiga más reequilibrio territorial.

    A esta crítica se suma Calzada, a quien le «cuesta muchísimo ver que estas opciones vayan a parar a empresas externas que no son locales, mientras a los propietarios o a los agentes de la zona no se les da la oportunidad de desarrollar este tipo de proyectos. Porque el gran problema es tener la autorización para conseguir un punto de conexión para descargar la energía. Si los propietarios de las fincas se pudieran agrupar o bien los propios ayuntamientos, autoridades públicas o iniciativas privadas vinculadas a los pueblos pudieran tener cierta preferencia, la situación sería muy diferente».

    El cofundador de ALIENTE ahonda en esa misma línea: «Hay muchas barreras y una es cultural. Nos hemos ido desempoderando a lo largo del tiempo en nuestra relación con la energía y nos hemos convertido en consumidores y consumidoras pasivas. Hay que romper ese chip y despertar, encargándonos de nuestros propios suministros. Aunque es una cosa que no se puede hacer de un día para otro; hay que romper con unas sinergias. Los discursos oficiales hablan de crear comunidades energéticas, pero hacen falta otras figuras que realmente ayuden a dinamizar ese potencial».

    También pasó por el Senado este mismo año el investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC Antonio Turiel, quien expuso una visión crítica de los proyectos renovables que proliferan en el estado español porque «están dirigidos a producir más electricidad, pero todavía no se ha demostrado que necesitemos más electricidad. Ahora mismo el esfuerzo se tendría que poner sobre todo en el aprovechamiento de esta y en demostrar que podemos aprovechar la electricidad para una mayor cantidad de usos».

    De la despoblación a la visión ecosistémica

    La despoblación de los no-lugares como Susinos es, por su parte, una de las amenazas que con más fuerza se esgrimen en contra de estos macroproyectos energéticos. Este argumento no lo compra el catedrático de la Universidad de Burgos: «Susinos ya está despoblado. No se puede despoblar. Y no solamente Susinos. La provincia ya está despoblada. Ya no tenemos gente». De ahí que la propuesta de Calzada pase por «conseguir generar unos ingresos que nos permitan plantear alternativas en cuanto a servicios, para así ser más atractivos y generar entonces sí población vinculada. La opción viable es generar una zona de ocio donde haya segundas viviendas y la gente se vincule a través de ellas al pueblo. No tenemos alternativas».

    Campos admite que «es un tema con muchas perspectivas. Si lo revisas desde un punto de vista donde la única reivindicación es la despoblación, podríamos entrar en esos análisis. Pero no podemos obviar la perspectiva ecosistémica y de la biodiversidad, pues estaríamos olvidándonos de que hay una serie de servicios fundamentales frente al cambio climático. Si destruimos la base de infraestructura renovable, atentamos contra el principal colchón que tenemos para adaptarnos al cambio climático».

     

    La ilustración es obra de Virginia Argumosa de Póo.

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  • «En mi barrio cada vez hay menos espacio verde y más ruido» – Entrevista con Almudena, Móstoles

    «En mi barrio cada vez hay menos espacio verde y más ruido» – Entrevista con Almudena, Móstoles

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    [Esta es una de las entrevistas que realizamos en el marco del libro colectivo La conquista del espacio, que puedes descargar íntegro en pdf aquí, o ver poco a poco aquí].

    Siempre he vivido en Móstoles (207.000 habitantes), salvo cinco años que viví en Madrid. Mi familia vive allí, y yo también, por motivos económicos. Trabajo en el Bibliometro, en una ciudad limítrofe, a la que me desplazo en metro. Nunca he vivido en un entorno rural, aunque de pequeña veraneaba varias semanas al año en el pueblo de mi familia.

    Cerca de mi casa hay zonas verdes, y el municipio dispone de todos los servicios: teatro, bibliotecas, colegios, instituto, universidad, pequeño y gran comercio… Todo a menos de media hora andando, por lo que resultan completamente accesibles a pie, y solo en escasas ocasiones necesito usar el transporte público. Sí que hay ciertas carencias, sobre todo tendencias recientes, como es la falta de arbolado en las plazas del centro, y la progresiva desaparición del pequeño comercio. El cine se ha ido desplazando a grandes centros comerciales en la periferia, aunque queda alguna pequeña sala o centro cultural que pone películas fuera del circuito comercial. Valoro especialmente, y lo echaría de menos si tuviera que mudarme a otro sitio, el poder ir andando a comprar, al médico, a hacer recados varios…

    En lo referente a amigos y conocidos, la mayoría se ha tenido que ir fuera de Móstoles a vivir y trabajar. Además, los horarios y el ritmo de trabajo hacen que, pese a que conozco a mis vecinos de bloque, sea difícil establecer nuevas relaciones.

    El espacio público disponible en mi entorno es amplio: aunque gran parte de las calles están ocupadas por las terrazas de bares y restaurantes, hay parques en los que se hace deporte, se merienda y cena, se pasea a los perros… incluso los alumnos de los colegios e institutos de la zona los utilizan para sus actividades. Sin embargo, la tendencia va hacia una disminución del espacio verde disponible, sobre todo en relación a la población: cada vez hay más viviendas y comercios, y ha aumentado el ruido y la contaminación.

    En los últimos tiempos han surgido conflictos derivados de la urbanización de la zona donde vivo: al ruido se le añade la disminución de los árboles, las plantas, los setos, que repercute negativamente en la fauna urbana (conejos, codornices, erizos, murciélagos…), que cada vez escasean más. Además, los nuevos habitantes de viviendas de lujo han denunciado la existencia de huertos urbanos que llevaban décadas en la zona por estropear el paisaje.

    Hay algunas cosas que podrían beneficiarnos a la mayoría y disminuir el impacto del cambio climático en nuestro entorno: plantar árboles y evitar la degradación de las zonas verdes existentes, proteger a sus habitantes no humanos, y potenciar el uso de la bicicleta y el transporte público como medios de transporte prioritarios, en detrimento del coche

    La ilustración es obra de Adara Sánchez Anguiano.

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  • Hacia un Nuevo Acuerdo Territorial para la España rural y campesina

    Hacia un Nuevo Acuerdo Territorial para la España rural y campesina

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    Por Jónatham F. Moriche. 

    [Este artículo es parte de los contenidos del libro La conquista del espacio, que podéis descargar aquí o leer por partes aquí].

    Madrid, 31 de marzo de 2019: convocadas por un centenar de plataformas cívicas lideradas por las veteranas Teruel Existe y Soria Ya, y tras reiteradas actividades reivindicativas en sus territorios de origen, entre 50.000 y 100.000 personas protestan en la capital bajo el lema «Revuelta de la España vaciada» contra el proceso de despoblación que sufre la mitad de las provincias del país, provocado por un modelo de muy desigual desarrollo territorial que se traduce en graves carencias en los servicios públicos y ausencia de inversiones productivas. La marcha, a la que se suman ministros del Gobierno y líderes de casi todos los partidos del arco opositor, coloca la cuestión de la España despoblada en el centro del debate político y dispara la actividad y el interés por los colectivos que la defienden. Unos meses después, Teruel Existe concurre a las urnas como agrupación de electores y envía a las Cortes a dos senadores y un diputado, cuyo voto resultará crucial en la ajustadísima investidura del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.

    Madrid, 5 de junio de 2016: entre 80.000 y 150.000 personas se manifiestan contra la inclusión, a instancias de un recurso presentado por Ecologistas en Acción ante el Tribunal Supremo, de varias especies de peces y moluscos fluviales, entre ellas algunas muy apreciadas por los aficionados a la pesca, en el catálogo de especies invasoras. Con las asociaciones de pescadores recreativos se solidarizan las de cazadores y el sector de las piscifactorías. Es el arranque de una revitalización del tejido asociativo del ramo, al que se suman otros sectores, desde la tauromaquia a los circos con animales y parte del asociacionismo agrario, y que se volverá a movilizar masivamente el 30 de septiembre de 2017 en Córdoba y el 3 de marzo de 2019 en Madrid, en ambos casos bajo el lema «En defensa del medio rural y sus tradiciones». Desde 2017, esta red informal cristaliza en la llamada Alianza Rural, entre cuyos socios fundadores están la organización profesional agraria ASAJA, la Real Federación Española de Caza, la asociación de propietarios de terrenos de caza APROCA, la Unión de Criadores de Toros de Lidia o la asociación de mujeres y familias rurales AMFAR.

    Cartagena, 30 de octubre de 2019: entre 40.000 y 60.000 personas se manifiestan bajo el lema «Por un Mar Menor con futuro», convocados por la plataforma SOS Mar Menor, asociaciones ecologistas, vecinales, sindicatos y partidos políticos, contra la galopante destrucción de la albufera murciana, la mayor del país y una de las mayores del continente, solo unos días después de que un brusco descenso en la oxigenación de sus aguas provocase la muerte a millones de peces. Tras otra mortandad similar el pasado agosto, SOS Mar Menor vuelve a convocar a las calles el 7 de octubre de 2021, con entre 50.000 y 70.000 participantes. Progresivamente degradada desde las primeras grandes inversiones turísticas de la década de 1970, la albufera ha sufrido después el impacto de la modernización del regadío intensivo, que vierte directa o indirectamente a ella cantidades ingentes de nitratos y otros residuos, acusadamente agravado por el de las macrogranjas de la ganadería industrial, cuya instalación viene siendo en los últimos años objeto de protestas por todo el país.

    Don Benito, 29 de enero de 2020: unas 10.000 personas se manifiestan a las puertas de la institución ferial FEVAL de la capital de las fértiles Vegas Altas pacenses, convocadas por las organizaciones profesionales agrarias y ganaderas, en una protesta que concluye con una severa represión policial –la primera de cierta magnitud tras la investidura del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos– que deja decenas de heridos entre los manifestantes, pero lleva a todas las portadas sus demandas de alivio de los costes de producción y precios justos para el producto agrario y detona una oleada de protestas que, bajo el lema «Agricultores al límite», moviliza a cientos de miles de personas por todo el país durante las siguientes semanas, hasta ser abruptamente detenida, a las puertas de su marcha central en Madrid, por la emergencia de la pandemia del coronavirus. Estas movilizaciones se solapan con un enfrentamiento durísimo entre ASAJA y el Gobierno, del que otras organizaciones profesionales agrarias participan o se distancian según la ocasión, por la aplicación de las subidas del salario mínimo al trabajo jornalero y la intensificación de las inspecciones laborales en las explotaciones agrarias.

    Santiago de Compostela, 5 de junio de 2021: ya superada la fase crítica de la pandemia pero todavía bajo los efectos de su última gran oleada, más de un centenar de asociaciones ecologistas, vecinales, sindicatos y partidos convocan a varios miles de personas bajo el lema «Renovables sí, pero no así» frente a la proliferación de campos eólicos en Galicia, que se extiende al resto de la cornisa cantábrica y en menor medida a otros lugares del país, como Andalucía o Castilla y León, donde la preocupación se desplaza hacia la proliferación de campos solares, en ambos casos con creciente afectación del patrimonio natural y los usos económicos tradicionales del territorio. Con la creación de la plataforma ALIENTE y la manifestación del 16 de octubre en Madrid, de nuevo con miles de participantes, este tejido heterogéneo de iniciativas frente a los macroproyectos de energías renovables comienza a coordinarse a escala estatal. No es la única faceta de la transición energética en curso sometida a fuerte contestación, como demuestran las importantes movilizaciones de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres contra el proyecto de minería de litio a cielo abierto a las afueras de la ciudad.

    Ya atendamos a sus plataformas reivindicativas, a sus repertorios de acción, a su composición social o a su ámbito geográfico, cada una de las protestas citadas y los procesos de organización social que les subyacen mantiene entre sí zonas más o menos extensas de intersección con las demás, pero también marcadas especificidades y oposiciones irreductibles. Observadas en conjunto, nos permiten balizar todo un vasto y complejo campo de sujetos y relaciones sociales, hoy en agitada recomposición, en torno a la ecuación que componen población, producción, cultura y territorio en la España rural y campesina, definición ya en sí misma cargada de problematicidad, en tanto, como veremos, ruralidad y economía campesina son realidades que se superponen en un amplio segmento de la vida social a la vez que en otros –el mundo rural no campesino y el campesinado urbanizado– caminan por separado. Ningún rasgo concreto que queramos destacar de sus participantes, como su posición de clase, su orientación política, su distribución territorial u otros, nos permitiría ordenar los sujetos que habitan este campo y los procesos que estos desencadenan en un mapa estático de complicidades y oposiciones sin, a la vez, revelar tensiones irresolubles con otros clivajes que con mayor o menor intensidad se expresan también al interior de cada uno de ellos. Y por supuesto, ese campo no se despliega en un espacio hermético y autosuficiente, sino como subconjunto siempre imprecisamente perimetrado de una inabarcable maraña de campos, sujetos y procesos a escala local, regional y planetaria y en constante evolución. Todo ello representa un formidable desafío no solo analítico, para quien solo aspire a describirlos, sino también estratégico, para quien pretenda además intervenir políticamente sobre ellos.

    Si este campo de sujetos y relaciones de la España rural y campesina puede balizarse en positivo, como hemos hecho al comienzo, a partir de sus demandas y movilizaciones y las alianzas sociales que las sustentan, también puede balizarse en negativo, a partir de las diferencias y contradicciones que anidan dentro de cada una de ellas. Así, el mismo concepto de España vaciada necesita de algunas precisiones descriptivas importantes, de inevitables repercusiones estratégicas. Hay una España que gana población y una España que la pierde[1], pero no se trata de dos bloques homogéneos sino de un complejo mosaico de situaciones muy irregularmente distribuidas sobre el territorio. Dentro de la España vaciada existen una España vaciada relativa y una España vaciada absoluta: en las comunidades autónomas que pierden habitantes o mantienen estancada su población hay provincias que la ganan a costa del resto, normalmente las que albergan núcleos urbanos intermedios, que en algunas ocasiones reciben además un contingente extra de población por la expulsión residencial de grandes ciudades cercanas. Estas asimetrías se proyectan políticamente en una dualidad de demandas entre, por un lado, los territorios rurales netamente más despoblados, que exigen los servicios elementales para sostener su mínima habitabilidad –urgencias médicas, unidades escolares, oficinas bancarias, acuartelamientos policiales, autobuses comarcales e intercomarcales, trenes de media distancia o cobertura de telefonía e internet, entre otros–, y por otro, los núcleos de población intermedios –cabeceras de comarcas muy extensas, capitales de provincia y algunas capitales autonómicas, con sectores agroganaderos, industriales, de servicios o administrativos de mayor o menor entidad–, que demandan reforzar su inserción en las redes estatales, regionales y globales de transporte de personas y mercancías mediante autovías, trenes de alta velocidad, plataformas logísticas o aeropuertos[2]. Y afinando aún más la mirada, pueden percibirse las diferencias entre comarcas y poblaciones dentro de la España vaciada absoluta, a veces inmediatamente vecinas, que debido a sus distintos atractivos naturales o patrimoniales han conseguido o no compensar la erosión de sus actividades económicas tradicionales y el consiguiente declive poblacional con el auge del turismo de interior[3].

    Es también preciso problematizar la identificación mecánica entre España vaciada, mundo rural y economía agraria, así como la representación de los agricultores al límite como un espacio social e ideológicamente homogéneo. Si bien la economía agraria es casi siempre fundamental para el mundo rural, una buena parte de aquella transcurre ya fuera de esta, en agrociudades de población estable o creciente que, en la España vaciada o en territorios de saldo demográfico positivo, centralizan la actividad económica y absorben la población de las comarcas circundantes y además reciben el grueso del aporte demográfico de la inmigración que no capturan las grandes ciudades. Estas agrociudades concentran ya una parte muy significativa de la mano de obra del sector, en un proceso de desruralización del campesinado que desde hace décadas corre en paralelo, aunque mucho menos atendido, que el de descampesinización por emigración a grandes ciudades o al extranjero. Por otra parte, la articulación social que se movilizó a gran escala durante las protestas de las primeras semanas de 2020 es en términos de clase social y orientación política muy diversa, con la conservadora ASAJA, vinculada corporativamente a la CEOE y políticamente al PP y ahora también a Vox, como fuerza hegemónica entre grandes y medianos propietarios –los agricultores al límite relativo, para quienes los bajos precios del producto agrario y las alzas de costes suponen menores beneficios pero no una amenaza existencial–, aunque con también una muy sólida base entre los pequeños –los agricultores al límite absoluto, que cada vez más a menudo pugnan denodadamente entre la supervivencia y la extinción[4]–. ASAJA compite en esta última y más modesta franja del campesinado con UPA, vinculada al PSOE, y COAG, en origen vinculada al PCE e IU, así como con otras organizaciones menores como La Unión, de más imprecisa orientación ideológica, nacida de la protesta contra la cartelización de la representación del sector entre las tres grandes y de muy desigual implantación territorial, u otras de ámbito territorial, algunas de gran tradición, como el Sindicato Labrego gallego, y otras de más reciente creación, como la extremeña ASEPREX[5]. Y, en paralelo a todas ellas, las asociaciones y redes propias de la agricultura ecológica, a menudo aunque no siempre de base predominantemente neorrural, todavía de muy escaso peso económico frente a las grandes cifras de la agricultura tradicional y el gran agronegocio, pero de implantación creciente y que opera de manera doblemente contrahegemónica, por su orientación ideológica casi siempre progresista, frente a la hegemonía conservadora de ASAJA, y por su mayor integración en el territorio rural, frente a la tendencia a la desruralización del sector[6].

    Las movilizaciones «Por un Mar Menor con futuro», «En defensa del medio rural y sus tradiciones» y «Renovables sí, pero no así» introducen en la ecuación del mundo rural y campesino español dos variables de vital importancia en el panorama social contemporáneo, a escala planetaria: la crisis medioambiental y la transición energética y el auge de la extrema derecha y los procesos de desdemocratización. En el caso de «Por un Mar Menor con futuro», Murcia es a la vez ejemplo, uno de los más extremos del país y de todo el continente europeo, del auge económico de la agricultura y la ganadería industriales y de sus ingentes costes medioambientales. Con una aportación del sector primario de en torno a un quinto de su economía, la región no forma parte ni de la España vaciada, absoluta ni relativa –es una de las regiones que gana habitantes, su densidad poblacional está cómodamente por encima de la media del país y casi ninguno de sus municipios corre riesgo de despoblación–, ni de la predominantemente rural –sobre un total de millón y medio de habitantes, solo las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca concentran respectivamente 450.000, 215.000 y 95.000 habitantes. La crisis del Mar Menor ha provocado la cristalización de dos bloques sociopolíticos duramente enfrentados en las instituciones, los medios, los tribunales y las calles, formados por quienes recogen los beneficios económicos de la agricultura y la ganadería industrial y quienes repudian sus costes ecológicos. A la vez que estos últimos reiteran sus movilizaciones multitudinarias por la situación de la albufera, Vox –el partido más indiferente a las cuestiones medioambientales del arco parlamentario, a menudo cercano al negacionismo del cambio climático y abiertamente hostil al movimiento ecologista– se convirtió en las elecciones generales de noviembre de 2019 en primera fuerza política de la región, con casi un 30% de los votos, lo que sumado al porcentaje levemente inferior del PP arroja el mapa político autonómico más escorado a la derecha de todo el país, en lo que resulta razonablemente interpretable como un movimiento de tajante defensa, masivamente respaldado por su base social, del modelo económico regional frente a la amenaza de regulaciones medioambientales más estrictas[7].

    La articulación social subyacente a la movilización en defensa del medio rural y sus tradiciones resulta aún más compleja. Además del papel jugado por el ala derecha del sector agrario a través de ASAJA, tanto el taurino como el cinegético son sectores económicos de cierta importancia, con potentes estructuras empresariales específicas y auxiliares y una modesta pero significativa capacidad de generación de empleo en el mundo rural, pero también y sobre todo movilizan una amplia comunidad humana de costumbres y afectos, de base tanto rural como urbana, ideológicamente escorada a la derecha o muy a la derecha en la mayoría de sus expresiones organizadas y su publicística, pero cuya composición social dista mucho de ser homogénea, abarcando entre cazadores sociales, mixtos y privados a personas de muy distinta posición social[8]. La caza es objeto de un complejo y casi siempre áspero debate social[9], cuya virulencia se ve constantemente incentivada por los aparatos ideológicos del negocio cinegético con declaraciones incendiarias (por poner un solo ejemplo entre cientos: «Unidos Podemos propone prohibir la caza y la pesca en España», Jara y Sedal, 26/01/2018), que en poco o nada reflejan la realidad de las posiciones de los actores políticos concernidos[10], a fin de recrudecer la reacción de su base social contra estos. El debate social sobre la caza se utiliza como sinécdoque de toda una imaginaria ofensiva de la izquierda contra el medio rural y sus pobladores, consiguiendo así parapetar los intereses económicos de la caza comercial y los intereses políticos de la derecha tras la suspicacia y el enfado de la base de extracción social más humilde de la práctica cinegética, los cazadores sociales. Una práctica de hecho antiquísima en la disputa por el poder, que la contemporaneidad ha rebautizado –que no inventado– como guerras culturales, y que ha sufrido una intensificación exponencial con la aparición en todo el mundo de potentes alternativas por la derecha a la crisis del capitalismo neoliberal, como la que en España encarna Vox[11].

    Las movilizaciones de «Renovables sí, pero no así» añaden una nueva variable al conflicto por los usos del territorio: la proliferación de macroinstalaciones de generación energética solar y eólica y la extracción de minerales como el litio, imprescindibles para cualquier transición energética y objeto de una cada vez más intensa puja comercial y geopolítica. La generación energética tradicional mediante saltos de agua, centrales térmicas o nucleares, así como las actividades mineras fuera de sus territorios tradicionales, siempre han provocado conflictos sociales de mayor o menor intensidad, pero una vez asentado el parque nuclear con la moratoria de 1982, ante la ausencia de nuevas grandes obras hidroeléctricas[12] o grandes explotaciones mineras, este tipo de conflictos, al menos en sus expresiones masivas, parecía en retroceso, con pocas excepciones, como las protagonizadas por los fallidos proyectos de refinería petrolera en la comarca pacense de Tierra de Barros, de minería de uranio en el Campo Charro salmantino o de cementerio de residuos nucleares en la Mancha Alta conquense. Inicialmente, la multiplicación de proyectos eólicos y solares a partir de 2004 fue en general recibida con alborozo en los territorios receptores, que veían en ellos una fuente de ingresos y empleos de mínimo impacto ambiental y compatible con unos usos económicos tradicionales en retroceso que dejaban disponibles importantes cantidades de terreno improductivo. Pero la urgencia cada vez más patente de la diversificación energética y el desembarco masivo del capital inversor en el sector de las renovables ha generado un incremento explosivo de la demanda de suelo y con ello una oleada de conflictos sin precedentes desde hace cuarenta años[13], en los que al tejido ecologista se están sumando sectores amplios de población habitualmente no movilizada y, cada vez más a menudo, el sector agrario y ganadero[14]. Paralelamente, la vertiginosa escalada del sector ganadero ultraintensivo en forma de macrogranjas y macromataderos está animando una novedosa tipología adicional de conflicto socioambiental, tan intensa como habitualmente lo son los conflictos relacionados con macroproyectos energéticos, pero ahora asociados a un desacostumbradamente brusco recambio modal en los usos tradicionales del territorio[15].

    Con esta ya extensa y aún así muy lejos de ser exhaustiva enumeración de sujetos, demandas, alianzas y fracturas, hemos pretendido poner de manifiesto la extraordinaria complejidad que encierran expresiones de uso habitual en el debate público como la España vaciada, la España interior, el mundo rural o el campo y afirmar la necesidad de tomar seriamente esa complejidad como punto de partida a la hora de plantear el diseño de proyectos de transformación social. Proyectos que, tanto más ambiciosos sean en su desafío al orden neoliberal vigente y a las alternativas neofascistas que surgen por doquier a su derecha, mayor asiento social requerirán. Es fácil predicar, con el último informe del IPCC o las mismísimas leyes fundamentales de la termodinámica en la mano, la necesidad de un inmediato y masivo recorte en el consumo de energía, agua, minerales o carne, el abandono de la agricultura y ganadería intensivas, la resilvestración de grandes masas de territorio humanizado o cualquier otra medida de impacto ambiental sin duda benéfico para la malherida salud del planeta. Y también es fácil que esa prédica tenga escaso o nulo efecto práctico si no se tiene en cuenta la necesidad de articular amplias coaliciones sociales que las respalden, que difícilmente nacerán en exclusiva de la mera reiteración salmódica de los datos científicos –como si estos, en virtud de su veracidad, gozasen ya de suyo del poder de remover drásticamente la conciencia y voluntad de individuos y sociedades–, sino que deberán retramarse, al menos provisionalmente, a partir de la pluralidad de intereses, necesidades, experiencias, identidades y horizontes hoy existentes. A partir, en síntesis, de la política.

    No es necesario insistir en la posición de partida muy desfavorable desde la que se plantea esta hipótesis, cuando la disputa por la hegemonía en el mundo rural y campesino se dilucida entre dos bloques: de un lado, el compacto bando reaccionario, dotado de grandes organizaciones de masas y firmemente asentado en las formas productivas dominantes. Del otro, una emergente pero aún muy difusa y frágil alianza entre grupos de afectados por unos u otros desmanes sociales y medioambientes, basada sobre todo en referentes locales, ideológicamente muy dispar y en la que los sectores nítidamente transformadores, aunque algo más visibles e influyentes en momentos de movilización, son minoría numérica, tienen una presencia escasa en los espacios de poder institucional y dirigen un volumen ínfimo de la actividad productiva. La posibilidad de promover con éxito un Nuevo Acuerdo Territorial que maximice las oportunidades de transformación de signo ecosocialista que abre la crisis orgánica territorial española en el mundo rural y campesino dependen de un arriesgado y exigente doble movimiento estratégico. Este debería reforzar la posición de esos sectores más transformadores en las articulaciones amplias de sentido política, socioeconómica y medioambientalmente más progresista, radicalizando su identidad y sus demandas, a la vez que perfore las articulaciones adversarias, explotando minuciosamente cada una de sus contradicciones expresas o latentes, atrayendo siquiera tácticamente a aquellos segmentos de sus bases sociales por una u otra causa peor acomodadas en su plataforma reivindicativa o en su construcción identitaria, sin al mismo tiempo ser víctima de las contradicciones que inevitablemente incentivará en el campo propio esta política de alianzas amplias y el ensanchamiento programático e identitario que esta necesariamente conlleva, calculando los costes y beneficios de cada una de estas operaciones en el corto, medio y largo plazo, no con el baremo de lo ideal, a menudo ni siquiera de lo necesario, sino de lo estrictamente posible, mediante una estrategia que potencie en cada territorio y momento dados las opciones políticas, productivas, medioambientales o culturales mejores –o menos malas– frente a las peores, buscando un promedio global positivo entre todos esos epígrafes. Cada centésima de grado importa, cada concejal o diputado voxista, negacionista del cambio climático y entusiasta del fosilismo, el extractivismo y la agroindustralización, importa también, y existe sobrada evidencia de que el incremento de los unos y de los otros está íntimamente interrelacionado, como en consecuencia debe estarlo también el empeño por contenerlos, en un antagonismo estructurante capaz de generar su propio sistema de coordenadas políticas. Como escribe el sabio Bruno Latour,

    estamos demasiado desorientados para clasificar las posiciones a lo largo del eje que iba de lo antiguo a lo nuevo, de lo Local a lo Global, y somos incapaces de darle nombre, de fijar una posición […]. Y, sin embargo, toda la orientación política depende de ese paso a un lado: hay que decidir quiénes nos ayudan y quiénes nos traicionan, quién es nuestro amigo y quién es nuestro enemigo, con quién aliarse y con quién enfrentarse, pero según una dirección que ya no está trazada […]. Es necesario cartografiar todo de nuevo y, además, urgentemente, antes de que los sonámbulos aplasten en su ciega huida todo lo que más apreciamos[16].

    Por desgracia, hoy no existen los instrumentos de intervención sociopolítica suficientes para abordar una operación de este calado. En el plano político institucional, hubo un momento en que Podemos, desde su modesta pero prometedora implantación inicial en el mundo rural y campesino, comenzó a articular una plataforma reivindicativa al respecto y parte de sus elementos lograron cierta visibilidad dentro de su plataforma general –fue el caso del rechazo al tratado comercial TTIP, compartido con la práctica totalidad del asociacionismo agrario por sus desastrosas consecuencias para el sector–, que como tantos otros aspectos del desarrollo del partido quedó truncado con las alguna vez denominadas guerras civiles plebeyas entre sus diferentes familias, que terminarían por arrasarlo –empezando, como certifica un simple vistazo al reparto de escaños por circunscripciones de las últimas tres elecciones generales, por las provincias menos pobladas del país. Tampoco lograron sustraerse a este reflujo aquellas iniciativas municipalistas que, con la marea del cambio político a favor, lograron posiciones de representación significativa o gobierno en un buen puñado de medianos y pequeños municipios rurales de todo el país en 2015, pero que en la mayoría de los casos también encogieron o desaparecieron en 2019 con el desplome de sus pares de las grandes ciudades y de Podemos a escala estatal[17]. La anunciada transformación de parte de las plataformas de la España vaciada en agrupaciones electorales, siguiendo el ejemplo de Teruel Existe[18], abre una ventana de oportunidad para la recuperación de la iniciativa política en el mundo rural y campesino, no exenta también de riesgos, empezando por la misma composición social y plataforma reivindicativa que puedan estas plataformas adquirir en los distintos territorios, y también por las relaciones que puedan establecer con Unidas Podemos, con sus confluencias territoriales y con las fuerzas políticas nacidas de su descomposición, como Más País o Adelante Andalucía. Es probable que, si Podemos se hubiese tomado en serio su implantación en el medio rural y campesino y la defensa de sus demandas, el salto a la arena electoral de estas plataformas nunca hubiese llegado a producirse, pero este parece ya irreversible y todo indica que su impacto podría ser significativo en hasta una decena de circunscripciones electorales del país. La izquierda tendrá que baremar ahora muy cuidadosamente cuáles son sus mejores opciones a la hora de competir o cooperar con estas plataformas, primero en las urnas y luego en las instituciones, en la compleja lógica de partidos y bloques de partidos de la España del posbipartidismo, bajo el peligro claro y presente del acceso del neofascismo voxista a la cabina de mando de muchas administraciones locales, autonómicas y del mismo Gobierno central.

    En el campo político de la economía campesina el punto de partida es aún más pobre[19]. Idealmente, es imaginable un sujeto complejo que agrupase las redes de la agricultura y ganadería ecológica y alternativa, a los segmentos más politizados del trabajo agrario por cuenta ajena autóctono y migrante, hoy agrupado en las secciones del ramo de los grandes sindicatos o sin participación sindical, y a segmentos de la pequeña y mediana propiedad agraria asfixiados por el agronegocio y disconformes con la cartelización de su representación bajo la hegemonía de ASAJA, pero nada similar a ese sujeto existe hoy, ni siquiera en embrión. En general, prima la fractura rotunda entre trabajo asalariado y pequeña y mediana propiedad en la agricultura y la ganadería tradicionales, también entre esta y sus pares ecológicas. Y pervive la fractura sempiterna entre agricultura y ganadería y movimiento ecologista, capaces de confluir con éxito en movilizaciones puntuales, pero no de entablar más allá de estas un diálogo en profundidad resultante en alianzas políticas duraderas. El consuetudinario conflicto en torno a las formas productivas e impactos ambientales del sector se agudiza al solaparse, artificial pero eficazmente, con el de la caza, desde siempre polémico y hoy agravado por la intensificación de la sensibilidad animalista en el campo ecologista –o, cada vez menos infrecuentemente, al margen o incluso contra él–, que dificulta potenciales alianzas estratégicas con la caza social frente al gran negocio cinegético, con la ganadería tradicional frente a la ganadería industrial o con ambas frente a macroproyectos energéticos, agroindustriales o turísticos de alto impacto ambiental[20].

    No es, por último, un aspecto menor –de hecho, probablemente sea condición mínima de posibilidad para comenzar a abordar los anteriores– el absolutamente desequilibrado panorama cultural y comunicativo relacionado con el mundo rural y campesino, sólidamente hegemonizado por las posiciones beligerantemente conservadoras de espacios y medios especializados de gran difusión e influencia, como el programa radiofónico Agropopular o la revista Jara y Sedal, auténticos aparatos ideológicos de masas[21] sin competencia ni remotamente comparable al otro lado del espectro ideológico, cuyos posicionamientos se suelen expresar en publicaciones militantes, en general más focalizadas en profundizar en los debates internos del movimiento ecologista, el neorruralismo o la agroecología que en intervenir desde posiciones alternativas en los debates de interés general entre la población del mundo rural y campesino. Una población que es social y culturalmente mucho más diversa y su potencial político transformador es, en consecuencia, mucho mayor de lo que aparenta cuando es mirada solo a través del prisma deformante de aquellos aparatos ideológicos de masas conservadores[22]. Se cuelan a veces en la esfera pública generalista, de la mano de colectivos como Fundación EntretantosCampo Adentro o autores como Fernando Fernández o María Sánchez, visiones alternativas de gran interés y potencial como argamasa simbólica de nuevas articulaciones sociales en el mundo rural y campesino, pero faltan los altavoces que las hagan correr entre públicos masivos.

    En ausencia de todos estos actores colectivos que la elaboren y promuevan, toda propuesta concreta de Nuevo Acuerdo Territorial para el mundo rural y campesino que pueda hoy plantearse será una simple elucubración teórica, de mayor o menor interés intelectual, pero todavía alejadísima del umbral que separa la teoría de la praxis. Estamos, pese a la angustiosa premura que nos imponen las presentes condiciones políticas, sociales, económicas y ambientales, en un momento cultural y político muy anterior, en el que aún es preciso roturar los más básicos espacios y procedimientos de diálogo entre todas las partes potencialmente implicadas de esta rustica multitudine por construir. Una tarea previsiblemente ardua, que la urgencia no debería incitarnos a seguir sorteando sino, muy al contrario, a comenzar cuanto antes.

    [1] Para un balance general de la geografía poblacional del país, vid. Fundación BBVA, «Delimitación de áreas rurales y urbanas a nivel local. Demografía, coberturas del suelo y accesibilidad», informe, 2016; FUNCAS, «La despoblación de la España interior», informe, 2021; Banco de España, «La distribución espacial de la población en España y sus implicaciones económicas»; informe, 2021. Para datos actualizados vid. «La España vacía: despoblación en España, datos y estadísticas», EP Data.

    [2] Vid. Gonzalo Andrés López, «Geografía y ciudades medias en España, ¿a la búsqueda de una definición innecesaria?», Scripta Nova, 270/49, 8/2008 y «Las ciudades medias industriales en España: caracterización geográfica, clasificación y tipologías», Cuadernos geográficos, 59/1, 2020. Un ejemplo de cómo opera sociopolíticamente esta estratificación geodemográfica es el movimiento por el tren en Extremadura y su discusión en torno a la prioridad de sostener la movilidad interior entre sus pequeños y medianos municipios mediante tren convencional o ampliar la movilidad exterior de algunas de sus mayores ciudades mediante tren de alta velocidad, vid. María José Rodríguez Fernández, «La odisea de un tren digno en Extremadura», El Salto, 17/11/2017; Julio César Pintos Cubo, «Un nuevo modelo de ferrocarril es necesario en España», El Salto, 09/01/2019. Aunque se suele poner el foco mediático en las demandas de descentralización de servicios e inversiones de la España vaciada dirigidas a la administración general del Estado, estas demandas también se dirigen, como sucede en Castilla y León, a las administraciones y grandes ciudades de sus autonomías, vid. «La Zamora Vaciada propone una agenda de descentralización a todos los niveles», La Opinión de Zamora, 20/10/2021

    [3] El auge del turismo de interior ha llevado a sus territorios y poblaciones beneficiarias actividad económica y social, revalorización del patrimonio natural y cultural, retención y a veces aumento de la población y otras ventajas, pero también problemas de excesiva dependencia de las cambiantes tendencias del mercado turístico, insuficiencia de los servicios públicos, multiplicación de los desórdenes urbanísticos y fuertes impactos ambientales, entre otros. Aunque no constan episodios de turismofobia rural de amplia base popular, abusos flagrantes de dimensiones antaño solo imaginables en la España costera, como el proyecto de urbanización turística de la isla de Valdecañas en el nordeste extremeño, han provocado conflictos de importancia entre movimientos ecologistas, promotores y administraciones públicas, vid. Manuel Cañada, «Valdecañas: corrupción estructural», El Salto, 02/12/2019. Para una panorámica general de la cuestión, vid. Ecologistas en Acción, «Impacto del turismo en los espacios naturales y rurales», informe, 09/2020. Parte de estos problemas son comunes a los municipios que componen las microcoronas metropolitanas de las ciudades intermedias, vid. Víctor Jiménez y Antonio-José Campesino, «Deslocalización de lo urbano e impacto en el mundo rural: rururbanización en pueblos dormitorio de Cáceres capital», Cuadernos Geográficos, 57/3, 2018

    [4] Vid. «Estructura de la propiedad de la tierra en España. Concentración y acaparamiento», Mundubat y Revista Soberanía Alimentaria, estudio, 12/2015

    [5] Para un análisis más detallado del desarrollo y composición de esta última oleada de movilizaciones agrarias, centrado en su expresión extremeña, vid. Fernando Llorente, «La larga agonía del modelo agropecuario intensivo e industrial», El Salto, 06/02/2020; Jónatham F. Moriche, «Movilización campesina en Extremadura: anatomía de un complejo despertar», El Salto, 07/02/2020; Ángel Calle, «Un grito y dos protestas encontradas», El Salto, 20/02/2020

    [6] Un caso muy interesante de interacción entre tejidos agroecológicos y tradicionales es el valle del Jerte, en el contexto por distintas razones especialmente favorable de las comarcas del nordeste extremeño (predominio de la pequeña y mediana explotación familiar, persistencia del tejido cooperativo de base, nutrida población neorrural, coexistencia con un fuerte sector de turismo de naturaleza), y por ello de difícil exportación a otros territorios, pero que durante las movilizaciones del sector en Extremadura marcó un significativo contrapunto a la hegemonía de las organizaciones de tendencia más conservadora e impidió una completa captura de las protestas por parte de estas. Vid. Guillem Caballero, «Aproximación a la diversidad de agroecologías en el norte de Extremadura», TFM, Universidad Internacional de Andalucía, 2018; La piel del Jerte, documental, Bokeh Estudio, 2018

    [7] Aproximadamente un quinto de los regadíos del campo de Cartagena, unas 8.500 hectáreas, obtendrían su agua de riego de forma ilegal, cifra que aún palidece frente a las 24.000 hectáreas de Los Arenales (Zamora) y las 50.000 de Daimiel (Ciudad Real), vid. WWF, «El robo del agua», informe, 2021. De los vertidos de nitratos a la albufera, un 17% correspondería ya a las macrogranjas porcinas, vid. Dani Domínguez y Ana Rojas «El Gobierno de Murcia obvia la responsabilidad de las macrogranjas de cerdos en el desastre del Mar Menor», La Marea, 13/10/2021. Para un análisis exhaustivo de la estructura política, económica y social tras la catástrofe de la albufera murciana, vid. Pedro Costa Morata, «La muerte del Mar Menor: crimen, corresponsabilidad e impunidad», El Salto, 02/09/2021

    [8] Como botón de muestra, en Extremadura, cuyo extenso y diverso territorio acoge algunos de los cotos privados más exclusivos de España y de Europa, un 40% de los cazadores federados locales declara ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales y un 46% realiza su actividad exclusivamente en cotos sociales, lo que en virtud de la muy diferente densidad de poblaciones cinegéticas en cotos sociales y privados implica una enorme desigualdad en el volumen de capturas. Vid. Luz María Martín Delgado, La actividad cinegética en Extremadura: el modelo de caza social y sus efectos sociales, económicos y ambientales, tesis doctoral, Universidad de Extremadura, 2021

    [9] Para una síntesis de las posiciones críticas sobre la práctica cinegética, vid. Ecologistas en Acción, «El impacto de la caza en España», informe, 12/2016

    [10] Vid. Área de Soberanía Alimentaria, Mundo Rural y Sostenibilidad de Podemos, «Marco para la posición de Podemos respecto a la caza y la pesca», informe, 01/2019

    [11] Vid. Fernando Fernández y Ariel Jerez, «Vox a la conquista del mundo rural», Público, 24/11/2018; Fernando Fernández, «Cómo frenar el avance de la ultraderecha en el medio rural», El Diario Rural, 13/11/2019; Ángel Calle, «Sobre agroecología y extrema derecha en el mundo rural», Soberanía Alimentaria, 12/2019. Aunque queda fuera del alcance de estas notas, es importante dejar constancia del carácter transnacional de este fenómeno de guerra cultural y avance político de las ultraderechas sobre el mundo rural y campesino, y la necesidad de poner en relación, tanto analítica como estratégicamente, las distintas expresiones locales de esta tendencia y de sus resistencias. Vid. VV.AA., Authoritarian Populism and the Rural World, Routledge, 2021

    [12] Entre 1950 y 2000 España experimentó una proliferación sostenida de grandes infraestructuras hidráulicas, que con la llegada de la democracia empezaron a ser contestadas por las poblaciones afectadas, con casos de gran participación popular e impacto mediático y político como los de Riaño, Itoiz o Yesa. A partir del 2000 esa proliferación de infraestructuras se refrena y la conflictividad se desplaza a los trasvases previstos por el Plan Hidrológico Nacional, contestados con movilizaciones que alcanzan una participación social histórica hasta 2004. Desde entonces los conflictos por el agua, sin desaparecer, se han asordinado, quedando política y mediáticamente circunscritos al ámbito local o autonómico. No por ello la cuestión del agua es medioambientalmente menos acuciante en España, y la aceleración del calentamiento global no hace sino agravarla, pero su expresión sociopolítica permanece, por ahora, latente. Vid. Fundación Nueva Cultura del Agua, «Retos de la planificación y gestión del agua en España», informe, 2020; Fernando Llorente «Y por fin, la lluvia», El Salto, 26/11/2019

    [13] Vid. Miguel Rodríguez, «Guerra del viento en Galicia: el rural gallego se levanta contra un nuevo ‘boom’ de la industria eólica», Eldiario, 14, 05/2021; Xosé Manuel Pereiro, «Toma el dinero y vuela. Los parques eólicos, la pantalla verde para el negocio del expolio de siempre», CTXT, 03/06/2021; Manuel Nogueras, «El negocio eólico: lo que se va a llevar el viento», El Salto, 10/08/2021

    [14] La presencia del campesinado ya es protagónica en movilizaciones como las del campo de Gibraltar, vid. Eldiario, 11/08/2021, Baza, vid. Eldiario, 22/04/2021, Méntrida, vid. Eldiario, 18/04/2021 o el Bierzo, vid. Eldiario, 03/10/2021. Sería posible establecer una taxonomía histórica de los conflictos de base energética a partir de la relación que en ellos se entabla entre tejido ecologista y sector agrario. Los conflictos en los que la proyectada actividad energética choca frontalmente con los usos productivos tradicionales del territorio se suelen traducir en movilizaciones más amplias, arraigadas, duraderas, radicales y de más probable éxito. Así, por ejemplo, los dos triunfos históricos capitales del ambientalismo en Extremadura, primero contra el proyecto de central nuclear de Valdecaballeros y tres décadas después contra el proyecto de refinería petrolera de Tierra de Barros, lo fueron en compleja pero eficaz alianza con el campesinado. Vid. José Manuel Naredo y otros, Extremadura saqueada, Ruedo Ibérico, 1978; VV.AA. Dominación y (Neo-)extractivismo. 40 años de Extremadura Saqueada, Campo Adentro, 2018

    [15] Para iluminar las dimensiones del impacto ambiental de la nueva ganadería industrial, baste un solo dato: más de un tercio del suelo de Aragón y Catalunya, las dos regiones de mayor concentración de macrogranjas del país, está en riesgo de contaminación por purines. Vid. Ecologistas en Acción, «Ganadería industrial y despoblación», informe, 13/10/2021; Greenpeace, «Macrogranjas, veneno para la España rural», informe, 14/10/2021; Antonio Delgado y Ana Tudela, «La fábrica industrial de cerdos», Eldiario, 30/10/2021

    [16] Bruno Latour, ¿Dónde aterrizar?, Taurus, 2019. También sobre la interrelación entre cambio climático y desdemocratización neofascista, vid. Kyle McGee, Heathen Earth: Trumpism and Political Ecology, Punctum Books, 2017

    [17] Inexplicablemente (o no tanto), en medio de la actual profusión de estudios, relatos y memorias de las experiencias del movimiento 15-M y de Podemos aún no existe un solo balance cuantitativo y cualitativo en profundidad del ciclo político 2011-2020 en el mundo rural y campesino. Para un estudio de caso, vid. Jónatham F. Moriche, «¿Hacia una Extremadura sin izquierda?», El Salto, 28/09/2020

    [18] Sobre la trayectoria de las plataformas contra la despoblación, vid. Inés Amézaga y Salvador Martí i Puig, «¿Existen los Yimbis? Las plataformas de reivindicación territorial en Soria, Teruel y Zamora», Reis, 138, 04/2012; Lucía Pérez García-Oliver, «Movimiento ciudadano ¡Teruel Existe!: «quiero vivir… precisamente aquí», Revista PH, 98, 2019. Sobre la transformación de Teruel Existe en agrupación de electores, vid. Carlos Rotger Roca. «La irrupción de Teruel Existe en las Cortes Generales: análisis electoral del 10-N», TFG, Universitat de Girona, 2020

    [19] Aunque no es posible aquí profundizar debidamente en el asunto, es importante dejar constancia de la complejidad del que podríamos llamar campo político-campesino, que tiene como aspecto más visible a las organizaciones formales de representación del trabajo y la propiedad agraria y su relación con los partidos políticos (y a través de ellos, con los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas o instituciones de la administración general del Estado), pero comprende también todo un denso y heterogéneo entramado de instituciones públicas y privadas como cámaras agrarias, cooperativas de distinto grado, juntas gestoras de montes comunales y cotos sociales, entidades de desarrollo territorial, escuelas de capacitación agraria, patronatos de ferias profesionales o consejos de administración de entidades financieras con especial asiento en el sector. Basta chequear las trayectorias a través de esos ámbitos de muchas de las personalidades públicas más representativas del sector para comprobar cómo este campo político-campesino constituye un escenario formalmente muy diverso pero funcionalmente unificado de disputa y ejercicio del poder político –escenario en el que la izquierda transformadora juega hoy, casi huelga decirlo, un papel absolutamente irrelevante.

    [20] La afectación de macroproyectos energéticos a cotos de caza ha impulsado la participación de asociaciones cinegéticas en protestas como las de la comarca granadina de Baza-Caniles, vid. El Independiente de Granada, 06/06/2021, la campiña de Toro zamorana, vid. La Opinión de Zamora, 17/08/21 o la Hoya y la Ribera Alta valencianas, vid. Levante-EMV, 17/12/2020 y Levante-EMV, 12/09/21

    [21] Procede reseñar también el boyante negocio editorial del neorruralismo reaccionario representado por autores de ensayo o narrativa como J. D. Vance en Estados Unidos, Christophe Guilluy en Francia o Sergio del Molino o Ana Iris Simón en España, de menor impacto directo sobre la opinión pública pero que estercola eficazmente los argumentarios de políticos y comunicadores derechistas en su guerra cultural sobre el mundo rural y campesino.

    [22] Vid. Luis A. Camarero Rioja, «Los patrimonios de la despoblación: la diversidad del vacío», Revista PH, 98, 2019; Pablo Batalla Cueto, «Entre Walden y Puerto Hurraco: los vicios del neorruralismo», La Marea, 18/06/2021

    La imagen de cabecera es obra de Marta Endrino

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  • «Si metes todos los costes, difícil sería que el kilo de carne costara menos de quince euros» – Entrevista con Daniel, Azuaga

    «Si metes todos los costes, difícil sería que el kilo de carne costara menos de quince euros» – Entrevista con Daniel, Azuaga

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    [Esta es una de las entrevistas que realizamos en el marco del libro colectivo La conquista del espacio, que puedes descargar íntegro en pdf aquí, o ver poco a poco aquí].

    Soy de Azuaga, un pueblo en el sureste de la provincia de Badajoz. No he vivido siempre en Azuaga, estuve estudiando en Sevilla, hice biología. Luego me tiré unos años con trabajos varios. Volví porque se presentó la oportunidad, con los fondos europeos de promoción de creación de empresas, etcétera. Una conocida del pueblo me recomendó que lo pidiera y monté un laboratorio de consultoría agrícola en el pueblo. Ahora no lo uso nada, porque entre que se montaba y no se montaba empecé a asesorar a agricultores con temas de cultivos leñosos y seguí en eso. El laboratorio ahora lo utilizo como apoyo. Trabajo en temas de ahorro y racionalización de fertilizantes, una cuestión más ambiental que de laboratorio.

    Azuaga no llegará a ocho mil habitantes, pero va en caída libre. Es muy difícil trabajar en el pueblo, sobre todo si has estudiado algo, y casi todo el mundo se acaba yendo fuera. Mi grupo de amigos está casi entero aquí, y somos la excepción. Yo soy el único que trabaja en tema agrícola, el resto en servicios: uno es chapista, otro aparejador, otro informático que teletrabaja, hay un opositor… casi todo sector servicios. El pueblo es cabecera de comarca y, aunque eso no lleva a que tenga más servicios, sí que hay más trabajo en la administración. El hospital, por ejemplo, está en Llerena, que está más céntrica en la comarca. Los juzgados y demás también están allí. Nosotros tenemos un centro de salud, dos institutos de tamaño medio (en vez de uno, porque viene gente de los pueblos de alrededor). Un colegio, una guardería… Lo estándar. La gente de fuera viene aquí a comprar, hay Mercadona grande y otros comercios.

    Las comunicaciones con el entorno no son buenas, para ir a otros pueblos tiene que ser en coche, no te puedes desplazar de otra forma. Hay autobús a Córdoba, Badajoz y poco más, con malos horarios y de forma muy puntual. Hay algunos autobuses rurales para el médico y demás, pero prácticamente no queda nada de lo que había hace diez años. Además, no coinciden los horarios: si quieres ir a Llerena al hospital tienes que ir a primera hora en autobús y volverte por la tarde. El tren lo reclamamos porque nos conecta con el resto de España, pero como sistema de transporte interno no vale, son los autobuses lo que hay.

    Yo, por puro azar, tengo a mi grupo de amigos aquí. Ahora como hemos tenido la vacunación, aquí nos vacunan en plan vacunódromo y nos llaman a todos los de dos o tres años para el mismo día, y te encuentras a toda la gente de tu edad. Y no queda prácticamente nadie, aquello era desolador, veías a la gente que estaba para vacunarse de nuestra edad y a lo mejor estaba una décima parte de la gente que estuvo conmigo en el instituto. La gente se va a Sevilla, Madrid, Barcelona… más que a otras ciudades de Extremadura. Las capitales extremeñas absorben algo de población rural, pero hay mucha más gente que se va que la que se queda. Los que se quedan en capitales de provincia normalmente son funcionarios, la gente que ha hecho carrera o módulo se va a sitios con más oportunidades laborales.

    En el pueblo conozco a todo el mundo de mi calle, de nombre al menos. Con algunos tengo mucha confianza, con otros no tanta, pero conocerlos, los conozco a todos. En cuestión de equipamientos públicos, nos apañamos: hay parques, plazas, polideportivos (que tienen un coste, aunque son públicos). Te apañas. Cuando era más joven y jugábamos al fútbol te saltabas la pista del instituto. Es precario, pero te apañas. Eso sí, todo se construyó el los ochenta y noventa, y desde entonces está estancado. Si está habiendo cambios, está siendo como en todas partes que conozco (Badajoz, Madrid, Sevilla…): las plazas cada vez son más planas, con menos obstáculos, más terrazas… más comercializables.

    Respecto a mi trabajo, es todo rural, me tengo que mover en coche, desde el centro de Portugal hasta el centro de Andalucía, y por toda Extremadura. En los últimos tiempos se están dando dos procesos simultáneos respecto a la concentración de la tierra: por un lado aumenta el minifundismo porque el acceso a la tierra es imposible. Es inviable que alguien se plantee comprar tierra para establecerse como agricultor, es una locura. Por ejemplo, yo tengo una explotación agraria que no daría para que comiera una familia, tendré unas cincuenta y pico hectáreas. Para que coma una familia, si es cereal, te tienes que meter en las ciento cincuenta o por ahí. Mis cincuenta hectáreas deben pasar de coste el medio millón de euros largo. Es absurdo. Yo tendría que tener millón y medio de euros en tierra para sacar un sueldo de dos mil euros al mes. Hablo de secano cerealista. En ese sentido, es inviable. Nadie accede a la tierra de cero, viene todo de herencias. Pero sucede que las herencias se van partiendo, lógicamente, y ninguno de los hijos compra su parte a los hermanos para aumentar la tierra. Por ahí se va al minifundismo. Yo llevo muchísimas pequeñas explotaciones de gente que, aunque querría, no se puede dedicar al campo, porque han heredado 20 hectáreas y de eso no se puede vivir. Lo tienen como segunda actividad, eso es lo mayoritario. Y luego está el caso opuesto: gente que venía con un bagaje de tierras muy grande de atrás, y tiene unos ingresos muy muy bestias, sobre todo en tema PAC, y si hablamos de cereales, PAC son los ingresos: ahora mismo y desde hace tiempo, al precio que está el cereal, los gastos por los ingresos de venta se compensan y la PAC es lo que te llevas de beneficio. Así que si acumulas… tengo clientes con mil, mil quinientas hectáreas de tierra. Estamos hablando de que si tienes una PAC de doscientos euros son 200.000 euros todos los años, que te permiten comprar a todos los vecinos e ir creciendo. Se dan estos dos extremos.

    En frutales el rendimiento económico es mucho mayor, pero el riesgo es muy alto. Alguien que quiera vivir de los frutales necesita unas cinco o seis hectáreas, no hace falta tanto. A 35.000 euros la hectárea, más otros 15.000 en plantarla y meterla en producción… con unos 250.000 euros de capital invertido puedes empezar a andar. Pero en cada campaña le vas a meter fácil a esa finca 15.000 o 20.000 euros, y estamos hablando de poca superficie, para vivir muy precario. Si pierdes esa cosecha y no tienes aval detrás, no tienes segunda campaña. Así que nadie se mete en ese tipo de negocios si no tiene ya bastante capital.

    Esto ha cambiado mucho, ahora es más difícil vivir del campo. La finca mía mi padre nunca llegó a trabajarla, era mi abuelo el que era agricultor. Cuando la llevaba mi abuelo de esa finca vivían cuatro familias y ahora no llegaría a media. Esto se debe a que ha subido el precio de los insumos y ha bajado el que se paga por el producto. Antes casi todo eran costes laborales (que era el trabajo de la familia), y ahora el coste de semillas, abono, fitosanitarios, maquinaria, que tiene un coste brutal… te hace imposible que sea mínimamente rentable. Los agricultores de mi zona (que es muy productiva) que mejor lo hacen están sacando cien o ciento cincuenta euros por hectárea, con explotaciones muy mecanizadas. Más que eso es inviable. Si tienes 100 hectáreas te da 10.000 euros al año. Aparte de que en algún momento vas a tener que renovar el tractor y gastarte 60.000 euros.

    La maquinaria se tiene en propiedad. El alquiler funcionaría bien, porque es cierto que la amortización de la maquinaria es mala, porque la usas muy pocos meses al año. Pero no hay una red de alquiler medio en condiciones ni parecido. Hay gente que lo hace con empresas de servicios, gente que no es agricultor como tal, que ha heredado la tierra o no tiene tiempo, disponibilidad o conocimientos para subirse al tractor y que lo contrata a una empresa. Se lleva mucho tiempo hablando de poner maquinaria en común, algo como tractores comunales, pero nunca ha salido adelante, porque todos hacemos la siembra a la vez, y necesitas muchos tractores que luego no usas durante varios meses. En la cooperativa en la que yo estoy, por ejemplo, tiene su propia empresa de servicios entre comillas. Tiene maquinaria grande y puedes pedir que te hagan labores, te ponen ellos el tractorista, etcétera, porque dejar un tractor es delicado, más barato que con una empresa privada. Pero es lo más parecido que conozco.

    El tema de los tractores tiene el problema adicional de que hay un parque de tractores muy viejos, que no tienen cabina ni tienen arco de seguridad, entonces vuelcas y te aplasta. El tractor vuelca muy fácil. Como ese parque es muy antiguo, sigue ahí el problema. Y en general el tema de la seguridad en el campo es nula. Si lo comparas con lo que existe en entornos industriales y en el campo no hay nada. Nos seguimos metiendo debajo de los arados, levantas el arado y te metes debajo a cambiar la reja, y si falla el gato hidráulico te caen encima dos mil kilos con pinchos. De todas formas, el mayor riesgo en la salud del tema agrícola es el manejo de fitosanitarios. No tenemos buenas costumbres en el manejo de fitosanitarios. Yo soy bastante crítico con la gente que es muy antifitosanitarios, creo que tienen su utilidad y no podemos producir sin ellos ahora mismo, es inviable. Es lo que tiene el monocultivo, las enfermedades y las plagas se extienden como una mecha. Y no va a acabar el monocultivo porque nuestra alimentación está centrada en muy pocos productos, y los piensos para los animales más todavía. Pero el manejo de fitosanitarios es muy precario, no se formó a los primeros agricultores en cómo usarlos con seguridad y eso se sigue arrastrando.

    El paisaje no ha cambiado mucho en los últimos cincuenta años, cambió antes, hace ochenta o cien. Mi zona, como casi toda Extremadura, era todo dehesa, que se deforestó con la primera maquinaria de vapor que llegó, que permitía ir arrancando encinas y las que arrancabas las echabas de combustible y seguías arrancando. Eran máquinas que venían de Sevilla y seguían haciendo la campaña de arranque hasta Castilla y León. Lo que quedaba se arrancó en los años de la posguerra para tener más tierra de cultivo en los años del hambre. Antes había mucha variedad. Mi finca era en torno a un tercio viña, un tercio olivo y un tercio cereal, y en la posguerra se arrancó todo lo que era olivo y viña, quedó un huertecillo para la familia como quien dice y se puso todo de cereal porque había que conseguir trigo y harina para que la gente comiera. Desde entonces todo sigue igual, la rotación de cultivos que pueda hacer yo y la que pudiera hacer mi abuelo es básicamente la misma.

    De todas formas, y aunque alguna vez me lo he planteado, no querría vivir en otro sitio. He vivido mucho tiempo en una ciudad, y la calidad de vida que tengo aquí no la tengo allí. El coste de los servicios siendo medianamente joven en una ciudad es inasumible. Me planteo cuánto tendría que ganar en una ciudad para tener lo que tengo aquí: para tener una casa igual, bueno, no igual porque eso no existe, sería una mansión, pero para pagarme una vivienda de sesenta metros cuadrados, coche, comida, ocio como tengo aquí… con menos de tres mil y pico euros al mes no puedes. Prefiero vivir en el pueblo. El ritmo de vida es mucho más razonable. Agradezco tremendamente que si empiezo a trabajar a las siete y media, me levanto a las siete y cuarto. Eso no tiene precio. Puedo salir con mis amigos a tomar una cerveza todos los días después de trabajar, charlar un rato, irnos a casa. Eso da calidad de vida. Y lo que a mí me falta en el pueblo, que habrá gente que le dé más igual, es un poco de agenda cultural, pero la tengo fuera. Voy un fin de semana a Sevilla, lo que sea. Tengo a la misma distancia, hora y media, Sevilla y Badajoz. Córdoba está más cerca, está a una hora, pero yo estudié en Sevilla y tengo más tirón por Sevilla.

    El cambio climático es una preocupación más aquí. Continuamente tenemos fenómenos atmosféricos un poco extraños: olas de calor, olas de frío… este verano estaba todo el mundo comentando que no había hecho nada de calor, y de repente tuvimos una semana de cuarenta y pico grados que no podíamos estar en la calle, una locura. Eso es la anécdota, claro, el cambio climático no lo percibes tan fácilmente. En el tema agrícola no tengo muy claro cómo va a evolucionar la cosa, probablemente haya cultivos que dejen de resembrarse porque dejen de ser rentables. Por ejemplo el girasol tolera muy mal los golpes de calor durante su ciclo, no aguanta golpes de calor de mayo a julio, y actualmente los estamos teniendo. Según se den cuenta los agricultores de que tienen años limitados de cosecha de determinados cultivos por un motivo u otro, irán abandonado esos cultivos e irá cambiando el paisaje. No es algo que vayamos a ver de un día a otro, pero sucede y está sucediendo.

    Se habla mucho de la PAC y de su influencia en los cultivos, pero la PAC funciona principalmente por superficie, no por cultivo. Hay unos complementos por tipo de cultivo y demás, pero no es lo principal. En general lo que se supone que valora la PAC es que tú haces custodia del territorio, entre comillas, y se da por hectárea, se dedique a lo que se dedique y produzca más o produzca menos. Sí que es cierto que hay cultivos que están bonificados, por ejemplo las oleaginosas, las plantas para producir aceite, principalmente la colza y el girasol. El cereal no está bonificado, y los guisantes, habines, garbanzos están todos bonificados, casi todo para consumo animal. Las leguminosas tienen un plus en la PAC que creo que eran cuarenta y cuatro euros. Esta subvención se les da porque tienen proteínas y se utilizan en pienso, para no depender de la soja americana, argentina y brasileña. En general, una cosa de la que la gente no se hace a la idea es que el 90% de la producción agrícola va para pienso, no va para alimentación humana. La gente ve los campos de trigo y dice, mira para pan, y la cebada para cerveza, y qué va qué va, esa cebada va para pienso, y ese trigo va para pienso, y para pan van cantidades mínimas. Mi zona es la de más producción de cereal de Extremadura, y yo no sé de nadie que entregue para consumo humano. Las cooperativas tienen todas molino de pienso y hacen pienso y lo reparten a los ganaderos. Yo siembro algunos garbanzos para consumo humano, pero eso lo hacemos cuatro.

    Los macromataderos son también una de las principales fuentes de trabajo del pueblo. En mi pueblo tenemos tres macromataderos, principalmente de porcino ibérico o mezcla, pero cada uno da entre cincuenta y ciento cincuenta puestos de trabajo, que son otras tantas familias, y eso en un pueblo se nota una barbaridad, son los centros de trabajo más grandes del pueblo.

    Luego están las renovables que se están implantando en toda la zona. Los precios que se mueven son surrealistas. Normalmente juegan con el alquiler, durante equis años se quedan la finca, luego te dejan la finca destrozada y tienes que meter una pasta para que vuelva a ser útil la finca. Pero no compran, alquilan a precios desorbitados. Pagan más de lo que les costaría comprar la finca, serán cosas contables, pero es así. Muchas veces esto se está haciendo en tierra de regadío, tierra que ya se ha transformado a regadío.

    Aquí no está pasando, en comarcas de alrededor sí, pero en el pueblo no. Lo que está pasando en toda Extremadura es increíble, la transformación de todo el paisaje por las placas solares está siendo brutal. Hay mucha gente trabajando en eso, son ETTs enormes, emplean a mucha gente montando placas solares. Pagan relativamente bien, mil quinientos, dos mil euros. Trabajo relativamente duro, pero no más que la obra, te tienen año y medio, cogen a cien del pueblo, prometen diez puestos de mantenimiento fijo, los cien del pueblo trabajan un año, se acaba la obra, nadie se queda de mantenimiento y a tomar por saco.

    Volviendo a la ganadería, una cosa más: casi todo esto es cuestión de qué modelo de sociedad queremos. Habría que pensar si tiene sentido, para pagar el cerdo a cinco euros el kilo en vez de cinco y medio, si tiene sentido montar granjas sin trabajadores. Probablemente el coste social sea mucho más alto que el beneficio que ofrece. La ganadería a pequeña escala es un sustento en pueblos pequeños brutal. En la zona a nuestro alrededor hay pueblos que viven de explotaciones porcinas, de ovejas, a nivel familiar, y es rentable, va bien. Eso se va a acabar en cuanto se permitan explotaciones muy bestias, que no tiene ningún sentido. Una persona que trabaja conmigo tiene su granja de cerdos, tiene sus inspecciones, va la veterinaria, es bastante estricta, eso con uno que saca 20.000 euros al año de la explotación. Pero ¿con una explotación que saca un millón de euros al año? ¿Cómo de fácil es que esos controles empiecen a fallar? Por una cuestión de escala y de mandar a alguien que cobra mil euros que acaba de salir de la carrera a una explotación de alguien que factura un millón de euros y a la que le puedes paralizar el negocio en cualquier momento, y de la que depende gente del pueblo, etcétera. Es complicado. Con empresas como El Pozo y demás, hay un modelo que se está imponiendo, que te dan los lechones y tú los engordas, te ponen ellos todos los veterinarios, todo. Es poco rentable, pero cada vez es más común.

    El tema de consumo de carne: es un problema, y va a serlo más cuando el resto del mundo, como tienen derecho, quieran comer como nosotros. Hay que plantearse que nivel de consumo es razonable, e ir a esos niveles, no con políticas restrictivas, que no van a funcionar ni va a aceptar nadie, pero sí pensar cómo. Se produce carne barata porque existe la PAC. El principal objetivo económico de la PAC es que produzcamos cereal a precio de coste y que el pienso valga dos duros. Habría que meter en el precio de la carne los costes reales que tiene. Igual no todos, porque podíamos llegar a una situación de pobreza alimentaria (si metes todos los costes, difícil sería que el kilo de carne costara menos de quince euros), pero habría que ir metiendo algunos costes, empezando por el precio de los cereales. La Unión Europea, poco a poco pero bien, se está centrando en que la PAC vaya a la protección medioambiental en vez de a la producción. Ahora mismo estamos produciendo productos agrícolas bastante caros porque el mercado los absorbe porque están subvencionados, pero el día que los vendiéramos a lo que vale no podríamos competir con la deforestación del Amazonas, ni con lo que se produce en las grandes llanuras de Argentina.

    La ilustración es de Adara Sánchez Anguiano.

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  • La conquista del espacio

    La conquista del espacio

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    [En diciembre de 2021 publicamos de un librito titulado La conquista del espacio, en el que intentamos dar unos apuntes sobre los problemas que rodean el reparto del espacio en nuestro entorno y algunas líneas sobre hacia dónde podría ser interesante mirar y qué luchas van a definir nuestra relación con los alrededores en los próximos años. Este texto es la introducción, a la que seguirán, en este enlace, el resto de artículos y entrevistas que componen el volumen. El conjunto puede descargarse libremente aquí].

    Llevamos ya un tiempo rondando a lo que, a falta de una forma de consenso, podemos llamar transición ecológica, o ecosocial si se quiere ampliar el foco. Entendamos esto como el conjunto de tareas necesarias para pasar de una sociedad basada en el consumo ingente de recursos, y en concreto de combustibles fósiles, y que convierte dicho consumo en desigualdad humana y degradación ecológica a una sociedad más justa, donde la mayoría de energía consumida provenga de fuentes renovables y cuyo impacto en la biosfera sea mucho menor. Luego los detalles ya los pone cada uno.

    No es que antes no se hablara de ello, pero está claro que el tema y el concepto pasaron al mainstream no más tarde de junio de 2018, con la creación de un ministerio supuestamente dedicado por completo a tal tarea. Luego vino la pandemia, y la oportunidad de salir mejores de ella que, de momento, se está concretando en la asignación de miles de millones de euros en fondos de recuperación y digitalización. Esta es, a nivel europeo y estatal, la primera manifestación del asunto.

    No ha tardado mucho en ser evidente que la transición ecológica es una tarea tan política como técnica, como mínimo. Salvo para los más fervorosos defensores de la tecnología como entidad independiente de la sociedad, es obvio para cualquiera que las decisiones de cómo, dónde y para qué y quiénes se producirá la energía que debe sustituir a la fósil es una decisión política. Esto mismo es válido para cuestiones centrales a nuestras vidas tales como qué vamos a comer, cuánto y en qué vamos a trabajar, dónde vamos a vivir, cómo nos vamos a mover de un sitio a otro. Las respuestas a estas preguntas son variadas e importantes, pero hay al menos una cosa –probablemente haya más–  que tienen en común: todas tienen que ver con el espacio, su uso y su reparto.

    España tiene la particularidad de ser un país poco densamente poblado (84 hab/km2 frente a los 106 de la UE) pero con algunas de las regiones más densas de Europa. Gran parte del territorio estatal es un desierto demográfico (menos de 12,5 hab/km2) y el precio de vivir (de alquiler o en propiedad) en las ciudades está cada vez más lejos de lo que un trabajador medio puede permitirse. La energía se produce, en general, en sitios alejados de donde se consume: comunidades autónomas como Extremadura producen un 400% de la energía que necesitan, mientras que en la Comunidad de Madrid el 97% de la electricidad es importada de otras regiones. Los problemas de propiedad y reparto de la tierra llevan siendo endémicos desde hace siglos y las soluciones intentadas por unos y otros actores han ido de las tecnocráticas y supuestamente modernizadoras de las sucesivas desamortizaciones decimonónicas, a la colectivización de tierras por parte de los trabajadores en los años treinta, sin olvidar el levantamiento armado fascista y la adhesión a la política agraria común.

    A finales de 2021, la importancia del espacio es más evidente que nunca: casi todos nos hemos visto obligados a estar metidos en casas que a duras penas son aptas para la vida en condiciones normales y se han mostrado insuficientes para estar casi dos meses entre sus paredes. Cuando por fin pudimos salir, disfrutamos de ciudades y pueblos casi sin coches, en las que de repente tardábamos menos en desplazarnos a los sitios porque podíamos ir por donde queríamos, no por donde nos dejaban los vehículos. Los parques se convirtieron en lugares de encuentro multitudinario –cuando nos dejaban; los más pequeños y sus acompañantes no olvidarán las exageradas restricciones al uso de los parques infantiles, improbable fuente de contagio, durante más tiempo del razonable– y, durante unas semanas y en medio de la tragedia, vislumbramos la posibilidad de vivir de otra forma. Poco después volvió la normalidad, y vimos que no era buena. Pero era.

    Mientras, otro cambio casi igual de rápido pero más profundo se estaba produciendo a kilómetros de las ciudades: a medida que se negociaban y liberaban fondos europeos para fomentar la recuperación de la economía, surgían como setas fuera de temporada campos de placas solares, bosques de turbinas eólicas. Agricultores que llevaban años peleando por sacar un sueldo de su terreno veían cómo les caía del cielo una cantidad de dinero con la que no habrían soñado meses antes, ayuntamientos eternamente cortos de fondos recibían una oportunidad de sanear las cuentas y construir nuevos equipamientos. Como si fuera Arizona en 1895, las grandes extensiones despobladas de la España interior se volvían valiosas, fundamentales para los planes de limpieza del sector energético.

    De repente, el espacio no es suficiente, ni en la ciudad ni en el campo. Aparecen indicios de que cualquier proceso de transición ecológica va a tener como uno de sus ejes centrales la disputa por el espacio. Este pequeño volumen tiene como objetivo contribuir en la medida de lo posible a enmarcar y hacer avanzar esta disputa hacia posiciones que, consideramos, son beneficiosas para la mayoría. Ayudar, dentro de nuestras posibilidades, a la conquista del espacio.

    En este momento tenemos más dudas que certezas sobre cómo puede y debe producirse esta conquista del espacio, así que hemos empezado por pedir a gente que sabe más que nosotros que contextualice el problema, atendiendo a tres ejes que nos parecen importantes y, en algunos casos, poco trabajados dentro del debate ecologista. Uno de ellos es el ya mencionado asunto de la recepción en los pueblos del boom de las renovables, a cargo de los periodistas Mª. Ángeles Fernández y Jairo Marcos. Otro, el de la caza y la inmensa cantidad de espacio que le está reservada en nuestra ordenación territorial. Daniel Cabezas, periodista especializado en derechos animales, traza una completísima panorámica sobre las diversas aristas de este problema. Por último, Jónatham Moriche aborda la disputa ideológica: dónde estamos políticamente y con qué mimbres contamos para establecer un frente común en la que la mayoría pueda ganar, frente a las diversas estrategias reaccionarias que nos encontramos día tras día.

    Además de estos tres textos, hemos entrevistado a una serie de personas, habitantes de zonas urbanas y rurales, para que cada una aporte su punto de vista sobre cómo es su vida, cómo podría mejorar en un contexto cambiante, cómo afecta a su trabajo y entorno el cambio climático… No se trata, ni mucho menos, de un trabajo exhaustivo ni sociológicamente riguroso, sino de una primera contribución –por nuestra parte, claro, hay otros grupos y estudiosos que llevan años trabajando en esto– al trazado de un mapa que pueda orientarnos en la búsqueda de un espacio en el que, idealmente, quepamos todos.

    No queremos acabar esta introducción sin mencionar algunas de las dudas que seguimos teniendo y de las líneas que nos parecen prometedoras de cara al futuro. Sin duda, el problema principal es uno que recorre todos los planes para hacer frente al cambio climático: cómo hacer que la mayoría –y esto no es la mayoría de los que viven en los centros de poder urbanos, ni siquiera la mayoría de los que vivimos en el estado español, sino la mayoría de los seres vivos del planeta o, al menos y en primera instancia, la mayoría de la humanidad– viva mejor, a la vez que renunciamos a cierta comodidad material.

    Porque de renuncia a la comodidad material hablamos cuando hablamos de usar menos el coche, e idealmente hacerlo desaparecer del centro de las ciudades –no así de territorios aislados en los que el transporte público no va a poder dar una respuesta completa a las necesidades de los habitantes–. O también cuando hablamos de reducir el consumo de carne, quizá empezando por reflejar en su precio el coste total de sus impactos ambientales. Pero no son los ciudadanos los que tienen que hacer la mayoría de las renuncias: empecemos, quizá, por impedir la operación de esas factorías de beneficio y sufrimiento que son las explotaciones ganaderas intensivas, espejismo de trabajo para zonas deprimidas, pese a que sus efectos negativos en la población estén más que demostrados y a que su viabilidad futura sea más que dudosa. También podemos hablar de la necesidad de adecuar la instalación de proyectos de energía renovable a las necesidades, si no de la zona, sí de la región en un sentido más amplio. Si esto implica que las grandes empresas eléctricas tengan que invertir en suelo más caro cerca (o encima) de las ciudades, en vez de en territorios en los que resulta irrisoriamente barato instalar campos de placas fotovoltaicas, sea.

    Pero estas renuncias no tienen por qué redundar en una vida peor, al revés. Si los enmarcamos en un proyecto más amplio en el que llevemos lo mejor de los pueblos a las ciudades, y lo mejor de las ciudades a los pueblos, puede redundar en vidas mejores para todos. Por ejemplo, la renuncia al coche en las ciudades debe ir acompañada de la recuperación para todos de gran parte de las inmensas avenidas que ahora mismo tienen un uso privativo. A todos beneficiaría la ganancia de espacio, donde la vegetación debería estar mucho más presente que ahora mismo, para pasear, vivir, jugar, plantear nuevos equipamientos –huertos públicos, talleres de reparación de bicicletas, cosotecas– y facilitar el acceso a los ya existentes. Tampoco tiene sentido, en un mundo que tendrá mejor transporte público pero en el que la mayoría no dispondremos de coche para movernos a nuestro antojo, la construcción de enormes urbanizaciones residenciales a kilómetros del centro de salud o colegio más cercano. Habrá que dotar de servicios a esas zonas, para que funcionen como pequeños pueblos, no como absurdos apéndices de grandes ciudades con las que apenas tienen relación. Pero no solo se trata de ganar espacio, también de transformarlo: aunque es cierto que hay ciudades que nunca podrán producir tanta energía como consumen, sí que es necesario hacer un esfuerzo por intentar cerrar esa brecha, de forma que la relación de los centros urbanos con la periferia rural deje de ser, hasta donde se pueda, extractivista. Esto tiene dos partes: descenso de la demanda –que, en las ciudades, podrá tomar la forma de reducción de la actividad industrial y comercial y de mejora de la eficiencia energética, principalmente mediante el mejor aislamiento de las viviendas– y aumento de la oferta: instalación de fuentes de energía renovable en todos los sitios en que sea posible. Placas solares en tejados, miniturbinas eólicas en puentes de la autopista, microcentrales hidroeléctricas en cada salto de agua donde se puedan poner. En cuanto a la alimentación, de nuevo nos encontramos con la imposibilidad de alimentar a grandes poblaciones con lo que se puede producir en su entorno, pero esta brecha también hay que cerrarla. La disminución del tráfico rodado hace más atractiva la posibilidad de huertos urbanos, que no estarían sometidos a la incesante exposición a metales pesados y demás contaminantes salidos de los tubos de escape; la introducción de dietas ricas en vegetales facilita que estas puedan satisfacerse en mayor medida con productos cultivados en el entorno urbano. Aquí las instituciones públicas tienen que dar ejemplo, fomentando la adopción de dietas bajas en carbono –tanto en producción como en transporte, es decir, verduras y legumbres de kilómetro cero– en todos los comedores sobre los que tengan influencia directa.

    Los problemas en los pueblos son otros: falta gente, motivos para quedarse, equipamientos que hagan la vida mejor… Muchas de las opciones laborales hemos visto que tienen los días contados –ganadería industrial, industrias fuertemente extractivas donde las hay–, y lo que se propone, la invasión de renovables, no da tanto trabajo como prometen las promotoras. Sin embargo, de aquí puede salir una oportunidad: además de que es imprescindible que la implantación de renovables se haga de forma ordenada y no invasiva, es de justicia que los inmensos beneficios que la electricidad de estas fuentes producen debido al funcionamiento de nuestro sistema eléctrico se queden, principalmente en los lugares que están sacrificando tierras, paisajes y en muchos casos, biodiversidad para producirla. Idealmente, esto podría hacerse mediante la titularidad pública o colectiva de los medios de producción de energía: turbinas eólicas o campos de fotovoltaica cuya gestión pase directamente por los vecinos de cada pueblo. O, si esto no fuera posible –y por posible queremos decir políticamente posible; a estas alturas debería quedar claro que las dificultades técnicas en este campo son muy inferiores a las políticas–, que las compañías eléctricas paguen un fuerte canon que revierta directamente en el territorio y sus habitantes. Esto para empezar a hablar. Este canon podría complementar las inversiones públicas dedicadas a mejorar el transporte público, el acceso a la educación y la sanidad, e incluso permitir la creación de empresas municipales o comarcales que crearan oportunidades laborales en el territorio y que disminuyeran la necesidad de emigrar a ciudades de mayor tamaño.

    Aparte del consumo de energía, hay otro asunto que liga directamente pueblos y ciudades: la propiedad de la tierra. En España hay una inmensa cantidad de hectáreas propiedad de terratenientes que no viven ni cerca de ellas. Fincas enormes, dedicadas al ganado, al cereal o la caza, de las que solo se extraen rentas y que suponen restricciones a la libertad de movimiento de los ciudadanos, pues en muchos casos ni siquiera se respeta el derecho de paso que por ley deben permitir los propietarios de la tierra. No descubrimos nada nuevo si hablamos de este problema de los propietarios ausentes que poseen más suelo del que nadie puede necesitar. Lleva siendo uno de los asuntos pendientes del campo español desde hace cientos de años, y la solución más justa y sencilla sigue siendo la que intentaron los jornaleros extremeños en 1936: arrancar la tierra de manos de sus multimillonarios dueños y ponerla al servicio de la mayoría. No es una idea nueva, pero sigue siendo una buena idea.

    En resumen: si queremos ser capaces de hacer frente a la crisis ecosocial de la forma más justa posible, urge cerrar la brecha entre campo y ciudad –urbanizar el campo y ruralizar la ciudad, si se quiere– tanto en lo referente a servicios y derechos como a conquistar el espacio necesario para vivir bien. El presente volumen es nuestro pequeño y muy preliminar aporte a este proceso.

    La ilustración que acompaña a esta imagen (y al librito) es obra de Virginia Argumosa de Póo.

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