Por M.ª Ángeles Fernández y Jairo Marcos.
[Este artículo es parte de los contenidos del libro La conquista del espacio, que podéis descargar aquí o leer por partes aquí].
Susinos del Páramo apenas llega al centenar de habitantes, entre ellos, dos agricultores profesionales. Muy lejos, a un siglo de distancia, quedan los tiempos en los que la vida de más de quinientos vecinos giraba en torno a actividad agraria. Hoy la historia es bien diferente: ambos campesinos sobreviven bajo la inminente amenaza de ser sustituidos por un par de gigantes eólicos y, si prospera un proyecto solar estrechamente vinculado a los molinos, las hectáreas dedicadas en la zona a los paneles triplicarían a la población censada. Con este cambio de escenario, el pequeño ayuntamiento sueña con duplicar su presupuesto y entonces dedicar el excedente a mejorar los servicios que ofrece, para finalmente vincular población a través de segundas viviendas.
Así están las cuentas y los cuentos en este municipio burgalés, situado a treinta kilómetros dirección noroeste de la capital de provincia. Nada nuevo para las gentes de la España despoblada, hasta tal punto que son cientos las localidades rurales «sinónimas» de Susinos. Apenas hay que estirar un poco el diccionario para abrazar el símil: pueblos que comparten el mismo o muy parecido destino. Y aquí caben tantos topónimos que es mejor ahorrarse ese párrafo.
En el listado encaja cualquier no-lugar de esos que aparecen difuminados y cada vez más vaciados por el interior de la península ibérica, pero al mismo tiempo no es casual que sean esos no-lugares concretos y no otros los que aparezcan compartiendo sino. Zonas de sacrificio, las llaman en América Latina. Un vistazo a los mapas geográficos de la energía eléctrica el estado español aclara la situación. Los últimos datos cartográficos publicados por Red Eléctrica de España, la compañía que monopoliza la distribución eléctrica, delimitan claramente las zonas periféricas de las que se extrae energía de las áreas urbanas y céntricas que la consumen.
La pandemia ha provocado un descenso generalizado de la demanda en todas las comunidades autónomas, pero la asimetría en función de los diferentes territorios continúa siendo notable, con urbes como Madrid y Barcelona sobredimensionando las cifras de sus respectivas regiones:
Fuente: «Informe del sistema eléctrico español 2020», Red Eléctrica Española, p. 18.
Y el análisis queda mejor perfilado cuando se revisa la relación generación/demanda, una ratio que en Extremadura es del 431,3%, mientras que la de Madrid queda estancada en el 4,8%. Los porcentajes de las dos Castillas y los de Aragón, Galicia, Navarra o Murcia también expresan un claro desequilibrio por el lado de la producción energética.
Fuente: «Informe del sistema eléctrico español 2020», Red Eléctrica Española, p. 41.
La burbuja renovable
Del fósil al renovable, cambia el paradigma pero se mantiene el desigual reparto geográfico. Decenas de grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos brotan en diferentes puntos del estado español, nunca unos enclaves cualesquiera, al amparo de la urgente necesidad de una transición energética que abandone las energías fósiles. Los planes del Gobierno central incluyen que 89 de los 191 gigavatios (GW) de la potencia instalada prevista para el sistema eléctrico en 2030 provengan de estas renovables. Detrás aparece el decidido apoyo de Europa y la apuesta «verde» de varias de sus políticas, como los fondos de recuperación NextGenerationEU.
En España, entre los gigavatios renovables que están en operación y los proyectados ya suman prácticamente el doble de lo planificado para dentro de una década, según los datos que maneja la plataforma Alianza Energía y Territorio (ALIENTE). «Realmente hay una componente especulativa brutal y es imposible que se realicen todos los parques que están poniendo sobre la mesa», aclara uno de los impulsores de ALIENTE, Álvaro Campos, quien lejos de analizarlo como una despreocupación advierte: «Esta proyección energética está cogiendo tintes de burbuja, con todas las consecuencias que puede tener eso».
La asimétrica distribución geográfica de la energía eléctrica renovable refuerza la lectura que arrojan las cifras de Red Eléctrica de España. Por eso no es casual que Susinos del Páramo esté ubicado Castilla y León. A la espera del correspondiente informe medioambiental, los dos molinos de viento que en un plazo aproximado de un año van a erguirse en sus entrañas, a 4,15 megavatios por torre, se sumarán a los más de 6.200 megavatios (MW) de potencia instalada que tuvo esta Comunidad Autónoma en 2020. Para encontrar sinónimos de Susinos en el mapa lo más práctico es fijarse en las cifras que presentan las diferentes zonas.
Fuente: «Las energías renovables en el sistema eléctrico español 2020», Red Eléctrica Española, p. 17.
Y con la energía solar ocurre algo muy parecido. Sobre todo, a raíz del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que reglamenta la posibilidad de hibridar las distintas tecnologías de generación renovable, permitiendo que las placas fotovoltaicas aprovechen las mismas líneas de evacuación que los molinos. En esas están precisamente Susinos y sus múltiples sinónimos. «La empresa va a tener tres parques eólicos de cincuenta MW cada uno y quiere poner una cantidad similar de solar. Está buscando terrenos para ello, pero está aún en una fase muy inicial, con contactos con los propietarios para arrendar los terrenos. Esos ciento cincuenta MW eólicos en total equivalen, en solar, a unas trescientas hectáreas, que es el terreno que están buscando en la zona», explica José María Calzada, catedrático en la Universidad de Burgos vinculado al municipio burgalés.
Detrás de la construcción del parque fotovoltaico está la entidad Estudios y Proyectos Pradamap S.L.U. La compañía figura en el contrato modelo al que han tenido acceso los autores, en el que se desglosan varios de los puntos clave de este tipo de acuerdos. En primer lugar, se trata de un arrendamiento y no de una venta, por lo que los dueños de las tierras recuperarían más adelante sus terrenos… mejor dicho, sus descendientes, porque se trata de un acuerdo de cuarenta años más «prórrogas sucesivas de veinticinco años, obligatorias para el propietario, si la renta que en tal momento se ofrece se incrementa, por una sola vez, en un porcentaje doble al último aumento porcentual que se hubiera producido». En este punto, Calzada matiza que actualmente la «prórroga automática» que tiene Susinos sobre la mesa ha descendido a los diez años.
El docente universitario desvela que detrás de la sociedad limitada unipersonal Proyectos Pradamap está Valpat, la entidad patrimonial de una familia vallisoletana. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Nueva oportunidad de negocio o mero movimiento especulativo? Las voces que denuncian la especulación sobre los terrenos agrícolas son habituales. ¿Pretenden consolidarse en la zona o se trata de un primer movimiento para posteriormente venderlo a una gran compañía? La patrimonial ha rechazado participar en este artículo. Pero el contrato modelo deja abierta cualquier posibilidad: «El arrendatario, previa notificación a la propiedad, podrá ceder o subarrendar libremente y sin aumento alguno de la renta pactada».
Fuente: «Las energías renovables en el sistema eléctrico español 2020», Red Eléctrica Española, p. 35.
El precio anual del arrendamiento es la segunda característica fundamental que recogen los convenios para la instalación de instalaciones solares. La oferta en Susinos asciende a mil euros «por cada hectárea de ocupación efectiva, incrementando el IVA vigente». Calzada lo tiene claro: «Es una barbaridad de dinero. Una hectárea agrícola en nuestra zona, incluyendo subvenciones, no llega esa rentabilidad en ningún caso. Y en este caso te lo dan sin hacer nada».
Resistencia en red frente al neocolonialismo
Generar ingresos sin hacer nada, sin hacer nada, sin hacer nada… No se conocen porque las entrevistas tienen lugar en distintos momentos, pero tampoco es la primera vez que el eco de esa expresión llega a los oídos de Álvaro Campos. El diagnóstico de este profesor de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) es bien diferente: se trata de una «actualización de las prácticas colonialistas». Así sintetiza la «insostenibilidad de un modelo injusto» que a varias de las fuentes consultadas les suena demasiado conocido.
La historia a partir de aquí se teje con denuncias compartidas. «El extractivismo no es nuevo», afirma Susana Dávila, integrante de la plataforma vecinal Rural Sostenible, que defiende la comarca leonesa del Bierzo Oeste frente a los grandes proyectos energéticos que se están ideando en la zona. Eva Pérez, de la Asociación en Defensa de la Ribera del Guadiana Menor, compara lo que sucede en el sur de México con Granada: «Somos Sur, estamos despoblados y tenemos recursos». En términos muy similares se expresa Rosa Fernández, de la Plataforma en Defensa del Agua del Valle de Lecrín y la Plataforma Di No a las Torres: «Las situaciones no son dispares. Las empresas son las mismas, también las prácticas y las formas de hacer. Sigue la colonización de los territorios».
Una decena de molinos de viento aquí (y ese aquí nunca es un aquí casual), unos cientos de hectáreas con placas solares allá (y ese acá tampoco es un acá cualquiera). La proliferación de grandes megaproyectos energéticos ha provocado que la ciudadanía sume fuerzas con la creación de plataformas, asociaciones y colectivos que defienden sus territorios de las instalaciones de gran tamaño.
Más allá de la siempre viscosa presencia en redes sociales, poco se sabía del músculo de estas resistencias hasta el pasado 16 de octubre, cuando miles de personas se concentraron en las calles de Madrid convocadas por ALIENTE. La manifestación supuso un punto de inflexión en las estrategias de lucha: del «aquí no» enarbolado hasta ahora por varias de las resistencias locales, al «renovables sí pero no así» que sirvió de lema durante la marcha. «Ya no es la oposición de un movimiento ambiental y territorial muy local, que es una reacción habitual. Esos procesos pueden quedarse ahí, en que es una cuestión de mala suerte, o pueden atravesar un proceso por el que entiendan que este modelo realmente es el aprovechamiento muy interesado de un discurso para beneficio económico de las élites», explica Campos.
La colaboración en red es precisamente la oposición que más daño hace al modelo energético y de desarrollo imperante. La antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, quien sumó su voz a la manifestación convocada por ALIENTE, lo subraya en sus intervenciones públicas: «Es importante generar alianzas. Son tiempos para no estar solas». Unión y aprendizajes colectivos son dos conceptos frecuentes en las conversaciones que versan sobre extractivismos, neocolonialismos, despojos o defensas de los territorios y de la vida, en un contexto de escasez de recursos y emergencia climática, con los límites del planeta cada vez más visibles. «Las tensiones van a ser crecientes y la coordinación es necesaria. Conocer lo que pasa en otros territorios es clave», reflexiona Alberto Matarán, profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada y organizador de diversas jornadas sobre transiciones energéticas en las que ha juntado a personas de distintos continentes. Habitualmente, coinciden las fuentes consultadas, son mujeres las que más se implican en estas resistencias.
La suma de rechazos individuales
Susinos del Páramo no estuvo presente en la manifestación de la capital. Ninguno de sus «mosquitos», el gentilicio oficioso que reciben sus habitantes, se desplazó hasta Madrid para oponerse a esta forma de transición energética. Calzada explica que en el municipio «no hay una oposición radical, fuerte, sino rechazos puntuales que se basan en que las condiciones económicas y contractuales son peores que las que están ofreciendo en otras zonas. Solo uno de los dos agricultores profesionales se opone porque, de alguna forma, ve perjudicada su actividad económica». La misma melodía suena en los otros Susinos repartidos por el mapa.
Colaborador del ayuntamiento burgalés, Calzada explica cómo desde el propio Consistorio han «animado a que la gente arriende. Básicamente, porque es una fuente de ingresos muy importante para nosotros. Nuestras dos torres eólicas, a tipo mínimo, van a aportar 92.000 euros, es decir, nos doblan el presupuesto. Eso una vez, con la licencia de obras. Después, posiblemente nos aporte 15.000 euros al año, el 15% del presupuesto municipal. Y las plantas solares incluso generan ingresos mayores porque se recalifican todos los terrenos, que pasan de ser rústicos a Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES). Nos pasaría a una fase muy distinta».
A la hora de hablar de las resistencias de los no-lugares esparcidos por la geografía estatal, tan importante es subrayar la resistencia en red, cada vez más consolidada, como reflejar las múltiples zonas grises que aceptan o rechazan este cambio de modelo de forma individual, en función de si la transición afecta o beneficia a sus intereses personales. «Tal y como están haciendo las cosas, a algunos las consecuencias les pueden parecer bien. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nadie lo ha decidido así y las personas que son custodias de su territorio no lo han decidido. Puede dar la casualidad de que te impongan algo y te venga bien. Pero, ya de entrada, la forma en la que se está haciendo no es la correcta», aclara Campos, y de fondo sobrevuela la soberanía de los territorios.
Es probable que el futuro de esta transición energética pase por la decisión que acaben tomando tantas personas de forma individual. Muchas de ellas son herederas de los propietarios originarios, gente que vive en la ciudad y lleva una vida prácticamente desligada del entorno rural en el que crecieron sus progenitores. «Nosotros somos nueve hermanos y sí hay una hermana que está a favor de arrendar pero, francamente, tampoco lo hemos hablado mucho. Primero, que nos paguen como a las zonas de alrededor, 1.200 o 1.300 euros por hectárea y, a partir de ahí, veremos. Que al menos se nos queden mil euros limpios», argumenta uno de esos descendientes. A otros «mosquitos» lo que les preocupa es el tiempo de arrendamiento, que cuarenta años más prórrogas se les hacen muchos, más si cabe cuando hay otras compañías que están firmando contratos por treinta años.
La suma de individuos en contra de la instalación de estos proyectos también puede hacer mucho daño a sus promotores. «Como la propiedad está bastante atomizada y dependemos de que generemos espacios amplios de al menos cincuenta hectáreas para poder poner el parque solar, podrían generar problemas incluso de la viabilidad del proyecto», indica Calzada.
Ni oportunidades laborales ni comunidades energéticas
Las promesas de trabajo son, junto al crecimiento financiero, la gran baza que manejan quienes abrazan esta transición energética. Pero, según explicó en el Senado Sergi Saladié, el despliegue masivo renovable deja poco impacto económico en el territorio y su funcionamiento cotidiano tiene un nulo beneficio laboral. El profesor de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili planteó como alternativa una generación distribuida que traiga más reequilibrio territorial.
A esta crítica se suma Calzada, a quien le «cuesta muchísimo ver que estas opciones vayan a parar a empresas externas que no son locales, mientras a los propietarios o a los agentes de la zona no se les da la oportunidad de desarrollar este tipo de proyectos. Porque el gran problema es tener la autorización para conseguir un punto de conexión para descargar la energía. Si los propietarios de las fincas se pudieran agrupar o bien los propios ayuntamientos, autoridades públicas o iniciativas privadas vinculadas a los pueblos pudieran tener cierta preferencia, la situación sería muy diferente».
El cofundador de ALIENTE ahonda en esa misma línea: «Hay muchas barreras y una es cultural. Nos hemos ido desempoderando a lo largo del tiempo en nuestra relación con la energía y nos hemos convertido en consumidores y consumidoras pasivas. Hay que romper ese chip y despertar, encargándonos de nuestros propios suministros. Aunque es una cosa que no se puede hacer de un día para otro; hay que romper con unas sinergias. Los discursos oficiales hablan de crear comunidades energéticas, pero hacen falta otras figuras que realmente ayuden a dinamizar ese potencial».
También pasó por el Senado este mismo año el investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC Antonio Turiel, quien expuso una visión crítica de los proyectos renovables que proliferan en el estado español porque «están dirigidos a producir más electricidad, pero todavía no se ha demostrado que necesitemos más electricidad. Ahora mismo el esfuerzo se tendría que poner sobre todo en el aprovechamiento de esta y en demostrar que podemos aprovechar la electricidad para una mayor cantidad de usos».
De la despoblación a la visión ecosistémica
La despoblación de los no-lugares como Susinos es, por su parte, una de las amenazas que con más fuerza se esgrimen en contra de estos macroproyectos energéticos. Este argumento no lo compra el catedrático de la Universidad de Burgos: «Susinos ya está despoblado. No se puede despoblar. Y no solamente Susinos. La provincia ya está despoblada. Ya no tenemos gente». De ahí que la propuesta de Calzada pase por «conseguir generar unos ingresos que nos permitan plantear alternativas en cuanto a servicios, para así ser más atractivos y generar entonces sí población vinculada. La opción viable es generar una zona de ocio donde haya segundas viviendas y la gente se vincule a través de ellas al pueblo. No tenemos alternativas».
Campos admite que «es un tema con muchas perspectivas. Si lo revisas desde un punto de vista donde la única reivindicación es la despoblación, podríamos entrar en esos análisis. Pero no podemos obviar la perspectiva ecosistémica y de la biodiversidad, pues estaríamos olvidándonos de que hay una serie de servicios fundamentales frente al cambio climático. Si destruimos la base de infraestructura renovable, atentamos contra el principal colchón que tenemos para adaptarnos al cambio climático».
La ilustración es obra de Virginia Argumosa de Póo.